Acordaron trabajar en conjunto

Desde la Asamblea aseguraron que quedó abierto un canal de diálogo y realizarán una labor mancomunada para abordar problemáticas que afectan a los ciudadanos

p4 f1 va barotto solo, cortar a stolbizer copyLa Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad realizó una reunión plenaria a la que fueron invitados los concejales de Juntos por Villa María.

“Todos los martes hacemos una reunión interna y ésta fue una reunión abierta a todos los ciudadanos y en la que además participaron los concejales Giselle Machicado, Nora Landart y Gustavo Bustamante, a quienes les planteamos el trabajo que viene haciendo la Asamblea”, explicó el presidente de la Asamblea, Marcelo Barotto (foto) a EL DIARIO.

“Ellos contaron sobre lo que observaron en la Terminal de Omnibus y la información que le solicitaron al intendente Martín Gill. Además, hablamos de nuestra propuesta de conformar una cooperativa de usuarios para que se haga cargo del servicio de agua y cloacas, y se abordaron otros temas, como el estacionamiento medido y las 250 viviendas”, señaló.

“Con respecto al estacionamiento, contamos sobre el pedido de auditoría que hicimos al intendente por los ingresos y las obligaciones que tiene la concesionaria en la explotación del servicio (ver recuadro). Creemos que los ingresos que obtienen no tienen la contraprestación que debería tener la ciudad, en cuanto a la cartelería, pintado de sendas peatonales y educación vial. Es un servicio caro que no tiene en miras el ordenamiento del tránsito, sino la maximización de las ganancias del concesionario, por eso se planteó la necesidad de estatizarlo”, agregó.

“En cuanto a las 250 viviendas, un ciudadano planteó el atraso de las obras, si llegaron los fondos del Gobierno nacional y si se aplicaron a esa obra o tuvieron otro destino, por lo que la Asamblea se comprometió a investigar y ver qué respuestas se pueden obtener”, continuó Barotto, quien sostuvo que en la reunión también se abordó el tema de las fallas en las conciliaciones bancarias de la administración saliente, denunciadas por el extribuno de Cuentas, José Naselli.

“De modo que hemos abierto un canal de diálogo con los concejales y acordamos hacer un trabajo mancomunado con ellos para visibilizar temas que hacen a la problemática de los ciudadanos. Vamos a ir intercambiando agenda de trabajo y seguramente en los próximos meses se va a entablar una relación más fluida”, indicó.

“Lo que hace la Asamblea no es ir en contra de alguien, sino que es visibilizar o poner en conocimiento algunos hechos por la investigación que realiza, y acudir a la Justicia con una denuncia para que actúe, no es nada personal”, aclaró Barotto, quien aseguró que hasta ahora el único avance que vieron en la Justicia fue el fallo favorable para que se deje de cobrar el importe por el mantenimiento de la planta depuradora de líquidos cloacales.

“A un año de haberse conformado la Asamblea, tampoco hemos tenido más respuestas de los organismos provinciales en los que presentamos las denuncias, como Recursos Hídricos, Medio Ambiente o del ERSEP”, finalizó.

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Solicitaron estatizar el estacionamiento medido

La Asamblea presentó una nota al intendente Martín Gill para solicitarle “una auditoría a la concesionaria del servicio de estacionamiento medido de la ciudad, para determinar el cumplimiento en materia de ingresos y obligaciones establecidas en las Ordenanzas N° 4.824 (llamado a licitación) y N° 5.967 (Código de Tránsito) y demás normativas, decretos y contrato de concesión, con el fin de reformular los términos de contratación o cancelar la concesión”.

“El pedido está sustentado en las innumerables irregularidades que se vienen denunciando desde que el servicio fue concesionado a la firma ATGE SA y que luego se traspasó a Federación Mercantil mediante un acta-acuerdo”, remarcó el texto que lleva las firmas de Marcelo Barotto, como presidente de la Asamblea, y de Víctor Scocozza, como secretario.

“En el contrato se establecieron obligaciones vinculadas a la atención de los usuarios, cartelería, señalización, semaforización para personas con discapacidad visual, campañas de educación vial, controles, etcétera, que no se cumplieron o se hicieron de manera deficiente. En el caso de las sendas peatonales se pintaron algunas cuadras del área céntrica, pero el material utilizado no cumple con lo especificado en el contrato, no se realiza mantenimiento, no se colocan tachas reflectivas, no se pintan líneas de carril, separación de sentidos de circulación, dársenas de estacionamiento, ni cordones”, enumeró la nota.

“En las calles Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, San Juan y Sabattini se realizaron pintadas con recursos provenientes del convenio firmado con Vialidad Nacional. Siendo esa responsabilidad de la concesionaria, se debería conocer si se han descontado dichos trabajos. El canon que percibe el municipio es del 10% de los ingresos por la explotación del servicio de estacionamiento medido, mientras que por las multas por infracciones al estacionamiento medido percibe el 25%, más el 10% (sobre el 75% que se liquida a la concesionaria en concepto de multas). A pesar del tiempo transcurrido en la vigencia del sistema, está demostrado que los objetivos establecidos de ordenamiento, educación, control y prevención no se cumplieron y que el fin buscado fue meramente recaudatorio. Consideramos que el sistema debe ser corregido”, remarcó el documento.

“Por lo descripto, solicitamos que tome las medidas necesarias para transparentar un servicio que a lo largo del tiempo ha generado reclamos de ciudadanos de Villa María y la región. Desde su implementación a la fecha, el sistema no ha mostrado una evolución y mejora en la calidad de las prestaciones, además, entendemos que lo recaudado excede largamente las contraprestaciones que realiza la concesionaria, perdiendo la ciudad una gran oportunidad para contar con herramientas que permitan un ordenamiento integral del tránsito. El servicio otorga beneficios extraordinarios a la concesionaria, que no se encuentran justificados, creemos que si dicho servicio fuera administrado por el municipio, el costo para el usuario podría ser inferior, como sucede en ciudades de dimensiones similares”, añadió.

“Consideramos, por otra parte, que el servicio sólo debe cobrarse en el área de mayor tránsito vehicular y en horarios pico. No es razonable el cobro en zonas residenciales o de baja densidad vehicular, en las que se ha implementado con el sólo propósito de aumentar las ganancias de la concesionaria, sin generar ningún reordenamiento vehicular”, concluyó.

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