AGEPJ – Piden que se valorice la función de psicólogos y trabajadores sociales de Tribunales
Los profesionales que integran los equipos técnicos del Poder Judicial no tienen un reconocimiento salarial por su función específica. Es más, hay casos que llevan años como contratados sin poder pasar a planta
Tienen título universitario y experiencia en la profesión. Son los que deben hablar con niños y niñas abusadas, los que tienen que ir a los domicilios de las personas para hacer informes socioeconómicos y los que hacen pericias sobre condenados, por mencionar algunas de las múltiples tareas que desempeñan. Sin embargo, no tienen un reconocimiento salarial específico por esa tarea.
Por esa razón, ayer en todas las sedes de Tribunales de la Provincia realizaron una asamblea y siguieron vía Internet la clase pública que dictaron desde Córdoba capital, como medida de protesta ante esa situación.
“Ingresan con la categoría más baja y como contratados”, expresó Guadalupe Vázquez, secretaria general del gremio de los trabajadores judiciales (AGEPJ) Villa María.
Hay casos que llevan una década como contratados, sin lograr pasar a planta permanente. “Además, son profesionales que firman sus informes y para ello tienen que tener la matrícula al día, la que ellos mismos deben abonar”, agregó.
El reclamo es de larga data. Ya en 1997 comenzaron a pedir por la “dignificación del trabajo de los equipos técnicos mediante reclamos y presentación de proyectos”, indicaron en un comunicado que distribuyeron ayer.
Luego de mucho andar, lograron impulsar un modelo de escalafonamiento que fue consensuado con la Dirección de Servicios Judiciales y la Secretaría Legal y Técnica. Ese proyecto está en condiciones de ser tratado en el Tribunal Superior, algo que aún no ocurrió.
Denuncian además que hay dos acordadas, una de 1999 y otra de 2000, que establecen una diferenciación en el ingreso para los profesionales de los equipos técnicos y que no se cumplen.
“Ingresamos al Poder Judicial mediante concurso, debiendo poseer título de grado, matrícula habilitante, antecedentes en el ejercicio profesional y formación académica”, indicaron.
Desde que ingresan realizan “estudios y pericias que firmamos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, situación que nos expone a denuncias penales, civiles y juicios de mala praxis; con las consecuencias legales, económicas y emocionales que esto implica”, expresaron.
“Dicha precariedad nos obliga a pagar individualmente un seguro de mala praxis”.
Agregan que “por las temáticas que abordamos, la gravedad de las mismas y el contexto de nuestras intervenciones, estamos expuestos a situaciones de riesgo psicofísicas. Sin embargo, no contamos con espacios de autocuidado y cuidado de los equipos de trabajo, lo cual es una responsabilidad institucional. Para responder con idoneidad y eficiencia a las nuevas demandas de los jueces, así como también para disminuir el desgaste profesional, debemos capacitarnos y actualizarnos permanentemente. Sin embargo, en muchos casos, la autorización para asistir a esos espacios se ve coartada por razones de servicio”, denunciaron.
“Por ello reclamamos una carrera profesional, con categorías acordes a nuestras funciones y responsabilidades”, indicaron al final del comunicado.
