La revisión de las cuentas municipales hasta el 9 de diciembre de 2015, a cargo de un facultativo de la UNC, arrojó que en la gestión liderada por Ipérico las condiciones eran propicias para la comisión de “errores o irregularidades”
Las autoridades municipales dieron a conocer detalles sobre la Auditoría realizada a la Municipalidad al 9 de diciembre de 2015, es decir, hasta el fin de la gestión anterior, y que fuera llevada a cabo por el contador Alberto Eduardo Scravaglieri, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En sus conclusiones se destaca que “de la mera lectura de todas las observaciones detalladas en este informe puede concluirse que no existía en el municipio un ambiente de control administrativo y contable que permitiera prevenir que se cometieran errores o irregularidades en la administración del erario público o que facilitara detectar los que se hubieran cometido y arbitrar las medidas correctivas necesarias”.
El trabajo realizado sobre la administración que encabezó hasta esa fecha el exintendente Nelson Ipérico (PJ Unión por Córdoba), aunque no se menciona sino como “la anterior gestión”, advierte sobre el proceso de compras y contrataciones, pero también sobre la función de contralor del Tribunal de Cuentas. “Fundamentalmente y en relación al proceso de compras y contrataciones, así como de sus correspondientes pagos, los usos y costumbres del municipio no cumplían con elementales criterios de organización, control y pago de las obligaciones. Esto, sumado a que, como hemos señalado, se soslayó en muchas y diversas oportunidades el control que debía efectuar el Tribunal de Cuentas conforme sus facultades, hacían propicio el mal manejo y la posible comisión de errores o irregularidades en un marco de falta de control interno y externo”, dice más adelante.
Diferencia de caja
En las conclusiones también se expresa: “En relación a la existencia de fondos en caja y bancos, basados en las evidencias recogidas, al momento de transferir los mismos a la nueva gestión no había certeza de los montos involucrados. En caja se hizo un arqueo que permitió determinar la cifra de 75.323,47 pesos en dinero en efectivo, contra un importe de 4.536.138,75 pesos que reflejaba el acta de transferencia. En bancos hemos verificado que si bien parecía que se hacían conciliaciones bancarias, las mismas iban acumulando las partidas conciliatorias, que nunca se investigaban desde enero de 2012. Es decir que los fondos del municipio no estaban sometidos a control alguno”.
Remarca que “al 9 de diciembre de 2015 el acta de transferencia informaba una existencia de fondos de 2.356.817,09 pesos, según información preparada por Tesorería -Anexo I- cuando según las confirmaciones y los resúmenes de cuenta de bancos la misma ascendía a 3.053.564,69 pesos a los que deben agregarse 306.606,78 dólares. Esto demuestra también la falta de conocimiento y de control por parte de la gestión anterior de los fondos con que contaba en los bancos”.
“Como hemos señalado anteriormente, se hizo uso, con otros destinos, de fondos que tenían fines específicos conforme ordenanzas a tales efectos. Un caso concreto es el del Fopefi, cuyos fondos debían destinarse a obras para la ciudad y se desviaron para pagos de haberes del personal”, dice en otro de sus párrafos, y que “durante la gestión anterior no se presentaron balances y por ende no se examinaron ni aprobaron, lo cual resulta un incumplimiento a los deberes del Departamento Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica de la Municipalidad”.
Por las deudas
En cuanto a deudas, la conclusión destaca que “si bien el acta de transferencia mostraba una deuda de 10.105.612,91 pesos, conforme nuestras verificaciones de la información proporcionada por el municipio los pasivos ascendían, a la misma fecha, a 23.409.683,89 pesos” y “la gestión anterior no proporcionó información alguna sobre estos pasivos, lo que resulta una evidencia de que no tenía conocimiento y control de los mismos”.
“Se hicieron pagos mediante la utilización de vales en casos que el Tribunal de Cuentas no había aprobado las órdenes de pago, desde el año 2012 a 2015, por un total de 4.227.333,05 pesos. Estos pagos demostraban que no se cumplían los requisitos de control por parte del Tribunal de Cuentas y, como consecuencia, derivaban en que no se registraban en la ejecución presupuestaria. Haberlos incluido como un activo y, más aún, como fondos disponibles al 9 de diciembre resulta un tratamiento inadecuado desde el punto de vista contable y administrativo, así como desde la figura de la Rendición de Cuentas”, deja constancia en el informe.
