El Gobierno nacional instaló el debate por un futuro proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Expertos  afirman que sólo será efectivo si se trata el tema desde una multiplicidad de aspectos

El asesinato del joven Brian Aguinaco en Capital Federal, en manos de un menor de edad que huía tras robar una mochila, generó que el Gobierno nacional tome la posta de la discusión y plantee una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Ante la confirmación del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, de que se preparan para presentar un proyecto que modifique el régimen penal juvenil, EL DIARIO entrevistó a especialistas locales en el área y profesionales que conviven a diario con la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.

El fiscal Francisco Márquez; la exjueza de Menores, Cecilia Fernández; el abogado penalista Eduardo “Tati” Rodríguez; la directora de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, Rosa Cámpora, y el abogado penalista e integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia, Luis Caronni, dieron su parecer al respecto de este proyecto.

Si en algo coinciden los cinco, es en el punto de que cambiar sólo la edad de imputabilidad, no soluciona el problema de inseguridad.

“Que de un día para el otro bajemos de 16 a 14 la edad de imputabilidad, lo único que conseguirá, en definitiva, es llenar las instituciones de internación de menores. Los chicos van a quedar como están ahora: encerrados, sin asistencia, sin modificar sus conductas de vida y volviendo, una vez que cumplen la pena, al mismo lugar de donde salieron, con el agravante de que no se trabajó con la familia para recuperarlo en serio. Siempre he sido muy crítica con el tema de la baja en la edad de imputabilidad porque no alcanza”, expresó la exjueza de Menores, Cecilia Fernández.

El verdadero sentido de la pena

Los especialistas repiten la importancia de la cuestión multidisciplinar. No solamente deben participar el Poder Legislativo o Judicial. Tiene que participar el Ejecutivo, sociólogos, psicólogos y criminólogos, para que se pueda crear una solución que lleve a cumplir el verdadero fin de la pena, que es resocializar.

“Tiene que haber una gradualidad en cuanto a la modalidad punitiva y una gradualidad en cuanto a la calidad del delito que se pena. Un chico que comete un arrebato y se institucionaliza por ese arrebato, sinceramente va a lograr un efecto contrario al que se pretende. En lugar de estar educándolo y resocializándolo lo vas a meter en un lugar en donde va a haber gente que cometió delitos más graves. Entonces habrá que discutir desde qué tipo de delitos y fundamentalmente qué hacemos con los niños que ni estudian ni trabajan y que terminan en el delito probablemente por el tema de la droga”, expresó el fiscal Francisco Márquez.

Ese es el verdadero objetivo de la ley de menores, rescatar al chico y volverlo a insertar en una vida normal. “Errar, erramos todos, y muchos cometen delitos, pero tienen que tener derechos en la vida, más cuando se es un niño, para poder modificar esas situaciones”, manifestó Fernández.

Pese a esto, la exjueza sí esta de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, pero sólo en ciertas cuestiones: “Tiene que ser de cierta manera, deben graduar los delitos y en función de eso ser imputables o no a partir de los 14 años, por ejemplo, en los delitos de violación, de homicidio, de robo calificado, porque existen, y los chicos cometen ese tipo de delitos”.

“A raíz de esto, yo creo que sí amerita que se baje la edad en función del tipo de delito. Como establece la ley ahora pero mucho más amplia, con una ley más profunda y que tengamos las garantías constitucionales para los menores, que hoy no la tienen. Porque en la provincia de Córdoba, por ejemplo, no tenemos garantizados los derechos de los menores como sí tenemos de los mayores. Los mayores tienen un fiscal, un juez de Control y una Cámara para resolver su situación penal. Los menores tienen un solo juez, que es el juez de Menores. Es el único que investiga, determina la responsabilidad y condena. Es decir que el menor tiene coartados sus derechos”, explicó.

Desde su experiencia, la falta de educación y el creciente consumo de drogas están relacionados directamente con el delito: “Los chicos salen del sistema educativo muy jóvenes, no terminan la escuela. En mi época tenía una estadística que decía que el 90% de los chicos que delinquían en el penal no habían terminado la escuela primaria. Y no la terminan nunca más, porque en estos lugares donde van los chicos tampoco los hacen estudiar. Hay que incluir a los chicos en el sistema educativo e incluso modificar este sistema”.

En una sociedad totalmente consumista como es la nuestra, los chicos que no terminan sus estudios son carne de cañón para las drogas y el delito.

El penalista Luis Caronni coincide en que la reforma debe ser integral: “Si vamos a mandar un menor de edad a la cárcel, lejos de reeducarlos y resocializarlos, vamos a empeorar totalmente la situación”.

Para él es muy importante que se plantee un debate serio, que dure el tiempo que sea necesario, pero que no se apruebe una ley en función de la coyuntura: “Se los puede responsabilizar penalmente, buscarle las alternativas a las restrictivas de la libertad correctamente y que no sea una mera reacción espasmódica, una simple reforma al Código Penal. No podemos seguir reformando y retocando, haciendo un mamarracho de un conjunto armónico de leyes, como es el Código Penal”.

“Más escuela y menos látigo”

Se soluciona con escuelas. Esta es la fórmula que debería aplicarse, según el abogado Tati Rodríguez.

“En primer lugar, estas impresiones marcan el rumbo político de quien conduce la Nación”.

Según el profesional, esta decisión es totalmente desacertada: “En primer lugar, desde lo político, la Argentina ya tuvo una muy mala experiencia de querer educar a la población con el Código Penal. Nos costó procesos militares, muchos muertos. Me parece que políticamente es erróneo y conduce a un estado totalitario que no es lo que la Argentina necesita. Desde el punto de vista de lo jurídico hay sobradas expresiones de la doctrina con respecto a la madurez y a la capacidad para delinquir que tiene un menor de 14, de 12 o de 10”.

Si un chico cumple años un 5 de diciembre y comete un delito un día 4, se lo juzga de una forma. Si comete el delito después de las 12 de la noche, el tratamiento es otro: “La situación de fondo que hay que analizar en una ley con el tema de minoridad es que no debe ser tan estricta. En 24 horas no cambia la cabeza de una persona, por eso hay que analizar cada caso de cada menor en particular. La cronología no marca el estado de madurez, de un minuto para el otro la mentalidad del niño no va a cambiar”, manifiesta Rodríguez.

Fortalecer la familia

La educación, la inclusión, la salud, el trabajo. Estos son puntos, para todos los especialistas, que deberían estar resueltos antes de pensar en bajar la edad de imputabilidad.

“Qué hacemos con los chicos metidos en las cárceles a los 14 años. Hay que trabajar en conjunto con la comunidad, con las instituciones intermedias que perciben que el chico no va a la escuela, que está todo el día en la calle”, alegó Rosa Cámpora.

Para la referente social la familia es fundamental: “La familia es todo y el Estado ahí tiene que estar presente, fomentando el vínculo entre los miembros”.

“¿Qué puede hacer un chico que nunca vio trabajar a nadie en su casa? ¿Qué hace un chico que no comparte nada con la familia, que ni siquiera come sentado en una mesa con sus padres y hermanos porque come en un comedor?”, se pregunta.

Para los profesionales, la fuente del problema no es el menor que delinque, sino los padres que lo han educado: “Cuando vos tenés un menor que se ha criado en una familia sin trabajo, donde no vio trabajar ni al padre, ni al abuelo ni al bisabuelo, que el menor vea la actividad ilícita como algo normal no se lo va a solucionar encarcelándolo”, reflexiona el penalista Rodríguez.

Este punto también lo comparte Cecilia Fernández: “El rol de los padres es fundamental. Los padres tienen la obligación de que sus hijos estudien, tenemos padres que hace años que no trabajan, que viven de la dádiva del Estado. Hay como tres generaciones que no trabajan, que tampoco les importa y ahí empezás a ver a los chicos en la calle. Sería importante que los chicos vean a sus padres con un trabajo cierto, responsable, y que estos padres pudieran ver la necesidad de que sus hijos estudien”.

También está el tema de la violencia de los padres: “Por eso es necesario que haya una reforma general en un montón de aspectos, que sea inclusiva de estas problemáticas, porque si no, no va a haber ningún cambio”, finalizó Fernández.

Si todo el proyecto es sólo bajar la edad, no vamos a ningún lado, coinciden.

Celeste Coschica

Opniones

“El lugar para empezar es el Congreso, ya sea a través del proyecto del ejecutivo o de un anteproyecto que se forme en comisiones. Y realmente tiene que haber un debate como debe darse. No interesa el tiempo que demande. Prefiero que se tomen el tiempo necesario y no que después haya que corregir los errores de una ley votada espasmódicamente”.

Luis Caronni

“Amerita que se baje la edad en función del tipo de delito, Como establece la ley

ahora pero mucho más amplio. necesitamos una ley más profunda y que contenga las garantías constitucionales para los menores. hoy no las tienen. no en todos los delitos, pero si, por ejemplo, en las violaciones, el homicidio o el robo calificado.

En una sociedad totalmente consumista como es la nuestra, los chicos que no terminan sus estudios son carne de cañón para las

drogas y el delito”.

Cecilia Fernández

“Entiendo que esta decisión es totalmente desacertada. Primero, porque entiendo que hasta los 18 años o más, el ser humano está

en condiciones de aprender y creo que hace falta más escuela y menoS látigo para los chicos en esa situación.

En segundo lugar, estructuralmente, ni el poder judicial ni el sistema carcelario estÁ preparado para este tipo de modificación”.

Eduardo “Tati” Rodríguez

“Qué hacemos con los chicos metidos en las cárceles a los 14 años. Hay que trabajar en conjunto con la comunidad, con las instituciones intermedias que perciben que el chico no va a la escuela, que está todo EL día en la calle. La familia es fundamental”.

Rosa Cámpora

“Si sólo me dicen ‘vamos a aplicar el código penal’ y a partir de ahora no va a haber un régimen penal diferente entre menores y mayores, estoy en contra. Entiendo que debe ser un régimen penal juvenil que tenga diferenciado para qué tipo de delitos y, en su caso, cual es la modalidad punitiva”.

Francisco Márquez