El concejal Gustavo Bustamante (foto) remitió un pedido de informe al municipio para que dé un listado de las empresas habilitadas para prestar servicios de seguridad en Villa María.

“En el informe pedí varias cosas, una de ellas era el nombre del funcionario encargado de controlar a esas empresas de seguridad. Ese mismo pedido se lo hice al órgano de la Provincia que habilita a las empresas de seguridad y ninguno de los dos han dado respuestas”, se quejó.

“Las razones por las que pedí estos informes es porque días atrás trascendió la operatoria de un policía que montó una empresa de seguridad privada utilizando recursos públicos y transgredió el artículo 33 de la Ley provincial 9.236, que prohíbe al personal en actividad de la Policía de Córdoba gestionar, instalar, realizar o promocionar, por sí o por interpósita persona, servicios de vigilancia directa e indirecta, entre otras actividades”, explicó.

“La Policía dio de baja a ese comisario, pero la Municipalidad no hace nada y sigue contratando este tipo de servicios”, apuntó.

“Si bien la regulación de dicha actividad y, la responsabilidad por cualquier irregularidad, es competencia de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad dependiente del Gobierno de la Provincia, no es menor que en nuestra ciudad el municipio mantiene contratos con empresas que violan la Ley 9.236. Cabe preguntarse el porqué de esta decisión, ya que no sólo carecen de la habilitación que expide la Dirección de Prestadores, sino que además están ‘flojos de papeles’ en materia tributaria y fiscal. Podría interpretarse que en la Secretaría de Gobierno son personas de gran confianza y que apelan a la buena voluntad de quienes prestan servicios para el municipio. Lo que pasa es que muchos altos funcionarios siguen acostumbrados a las prácticas de la antigua gestión, donde todo queda entre amigos y, para no perder la costumbre, brindan contratos a empresas a cargo de policías amigos de los funcionarios de turno, sin averiguación de habilitaciones ni control de la documentación que debieran cumplir para la contratación directa municipal. Esperamos que la Municipalidad blanquee estas irregularidades, delegue las responsabilidades sobre quienes corresponda, que sobre esto también se aplique el Gobierno Abierto y todos los vecinos de Villa María puedan saber adónde se destinan sus recursos. Si de tanta transparencia se habla, es momento de poner fin a las complicidades, sobre todo si involucran a servidores públicos”, consideró Bustamante.

“El problema es que si la Policía tiene empresas de seguridad, nunca vamos a tenerla, porque para que prospere ese negocio, tiene que existir la inseguridad”, concluyó.