Cambio del régimen electoral en la práctica

Hasta la vigencia de la Ley Sáenz Peña, la llegada al gobierno mediante elecciones tenía poco que ver con lo que podemos entender por democrático. En realidad gobernaban quienes tenían poder para ejercer fuerza y adueñarse de la situación. En relación a una elección de 1857 en Buenos Aires, el propio Domingo Faustino Sarmiento, en una carta que durante el mes de junio de ese mismo año dirigió a D. Oro, escribió: «Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición».

Entonces la política era concebida como una práctica excluyente. Desde la última década del siglo XIX se dio un proceso, primero con la Unión Cívica, luego con la Unión Cívica Radical, que demandaba una nueva manera de hacer política. Leandro Alem y sus seguidores, desde un inicio luchan por elecciones libres y transparencia en el gobierno. Se dan varias revoluciones radicales que plantean la pelea con toda energía hasta que, en 1912, se logra la sanción de ley que estableció el voto universal para todos los varones, secreto y obligatorio para ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, que tuvieran 18 años de edad o más, habitaran la Nación y estuvieran inscriptos en el padrón electoral. Esa reforma, que fue un logro luego de una veintena de años de lucha, repercutió en las provincias que debieron adecuarse a la norma. Córdoba pasó por ese proceso, como así también localidades como la nuestra. Pero a pesar de la lucha por el cambio, el mismo no se produjo sin episodios que marcaron la dificultad para desterrar arraigadas prácticas políticas que venían de antaño. En nuestra ciudad se dio un caso que bien sirve para ejemplificar el particular.

 

Elección local

Villa María llevaba tres años sin realizar elección de autoridad municipal alguna. Intendente no se elegía desde el 25 de septiembre de 1910, pues a partir del 7 de mayo de 1913 gobernaban la ciudad distintas comisiones administradoras. Aunque, recordemos, que en abril de 1916 se produjeron las elecciones para presidente de la Nación.

El gobernador provincial, Eufracio Loza, el 6 de junio de 1916 firmó el decreto convocando a elecciones para intendente y concejales. La norma legal fijó el 2 de julio del mismo año como fecha para los comicios. Ese día se produjo el esperado acto resultando electo Bernardo Seco como intendente municipal. En tanto que Porfirio Seppey, Antonio Bonadero, Silverio Vijande, Víctor Salomón Kairús, Honorio E. Broggi y Francisco Seco fueron elegidos para concejales.

Leer el acta del Concejo Deliberante, del 6 del mismo mes, permite entrever las dificultades que tuvieron algunos dirigentes políticos para adaptarse a las nuevas reglas de juego. Ese documento relata que la reunión fue presidida por Francisco Seco. Luego de organizada la sesión, con sus autoridades, Rafael Pellegrini (hijo) en su calidad de secretario de la «Junta Escrutadora» hizo entrega de un sobre cerrado con «el expediente electoral» acompañado de una nota. Los presentes entregaron sus poderes y a instancias del electo Broggi se declaró pública la sesión. Paso seguido se constituyó la Comisión de Poder a fin de que, evaluando la documentación se expidiera. Se le otorgó media hora para resolver la cuestión y a las 10 de la noche la comisión presentó el informe que fue puesto a consideración.

 

Continuidades

Hasta allí las cosas sucedían sin mayores sobresaltos, pero pidió la palabra el electo Honorio Broggi y comenzó su alocución manifestando su «disconformidad con el proceso electoral que se ha seguido en todo momento» y señala irregularidad grave: «El secretario de la Junta ha entregado a las diferentes agrupaciones en lucha, las boletas de identidad para ser entregadas a los diferentes electores que no las habían retirado del Juzgado en los términos establecidos por el artículo 1º del Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo a la Ley 2389, de fecha 22 de julio de 1915». Broggi está denunciando que una autoridad del acto electoral retiró la documentación, válida para votar, de diferentes ciudadanos. Era la reiteración de una práctica que tenía tristes antecedentes. Se estilaba que el caudillo político armara un reunión festiva, reteniendo la documentación de los votantes que les era devuelta para ir, todos juntos y acompañados, hasta la urna para emitir su voto cantado en favor de ese sector político. Pero en 1916 se abría una nueva realidad, era época de cambio, la legislación había sido modificada y se suponía que eso impactaría en las prácticas.

Broggi denunciaba que había prácticas similares a las que resistió desde la Unión Cívica Radical. El concejal electo presentó nombres de vecinos cuya documentación había sido retirada por el secretario. Señaló «puedo concretar el caso de los señores Boretto y Bonadero (hijo) que recibieron las boletas de Antonio Navarro del Valle, Pascual…».

El discurso lo muestra a Broggi enrolado en el cambio por el que tanto había luchado su organización política. Es así que señala: «Rafael Pellegrini (hijo) pertenece a mi partido político o sea a la Unión Cívica Radical, la cual ha luchado desde el llano durante varios lustros por el imperio de la ley y respeto a las mismas. Tal conducta está muy lejos de ser la que la ley establece pues revela una notoria parcialidad en el desempeño de sus funciones. Si los electores no concurrían al Juzgado a retirar su boleta de identidad, no tenía por qué usar esa cortesía el señor Secretario». Está marcando la continuidad de una práctica adjudicada al sector político conservador.

Broggi dio detalles y continuó señalando irregularidades en el acto electoral «Con respecto al escrutinio, tengo también que consignar graves circunstancias que revelan faltas notorias a los preceptos legales» y pasa a hablar de la conformación de la Junta Escrutadora y la manera que la Ley 2.389 establecía para el conteo de los votos emitidos. Explica que la misma fijó un procedimiento en el cual el presidente debía hacer que un empleado de la Junta leyera, en voz alta, cada boleta que se retirara de la urna. De esta manera todos los candidatos o sus representantes, además de los integrantes de la Junta tomaban nota de cada sufragio. Pero Broggi denuncia que no se siguió ese procedimiento, textualmente dice «yo he presenciado que los señores Pellegrini (hijo), Verdaguer, José Sánchez, Inocencio Frossi, doctor Ernesto Blanco, Juan Seco (hijo), Martín Espinosa, doctor Maldonado Ortiz y doctor Díaz, todos sin control ninguno rompían los sobres extraídos de las urnas sin leer en alta voz una a una las boletas. La ley ha sido previsora; no ha querido que el escrutinio fuera un acto común sin importancia, al contrario, lo ha rodeado de solemnidades tales que constituye su forma esencial. A la mesa de escrutinio tenía acceso cualquier espectador y se creía con derecho a meter las manos en las boletas y examinar los votos y leerlos y comentarlos con fruición. Así fue que como salió un voto escrito, cuya lectura asignó un rato de placer a los mirones, especialmente al señor cura Colabianchi…». Continúa dando detalles de situaciones que estaban fuera de lo establecido por la ley, incluso señala que él es poseedor de una boleta «y aquí la presento», en el acta consta que Broggi entregó la boleta y, como si fuera poco pasó a decir: «El señor Verdaguer es poseedor de otra de esas boletas» y pasa a anunciar su voto negativo a la aprobación de la elección a la vez que dice «sólo de esta manera sé que cumplo con mi deber de conciencia y mis ideas políticas…». Luego toma la palabra el electo Bonadero y remarca «una dualidad» entre lo que dijo Broggi y su firma estampada al pie del informe de la Comisión de Poderes que aprobaba la elección. Broggi responde que «suscribió el informe aludido, pero como concejal ataca la forma de procedimiento empleado por la Junta» del escrutinio. Expuestas las argumentaciones se pasó a declarar, por mayoría, legal y válida la elección. Votaron en contra Broggi y Bonadero. Luego todos los concejales y el intendente electo presentaron juramento para ejercer sus cargos.

A poco de andar el Concejo con esta nueva composición Broggi presentó su renuncia, pero no se la aceptan e iniciado el período ordinario, en la tercera sesión, se vota su expulsión. Se había dictado un marco legal importante, pero la lucha por la construcción de lo democrático continuaba, y continúa.

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