El mandatario dijo que los casi 120 mil pesos son para un equipo de cinco personas, entre las que se cuenta el exministro provincial. Y que allí están incluidos los gastos. Aseguró que no es la idea tomar deuda ahora, pero lo que se busca es ser sujeto de créditos internacionales

Como consecuencia del pedido de interpelación al intendente Martín Gill que realizó el bloque Juntos por Villa María en el Concejo Deliberante por el pago que se le hace al exministro provincial Angel Elletore, ayer a la mañana se produjo una reunión entre el mandatario y los ediles de la oposición en el Palacio Municipal.

Del diálogo que mantuvo luego el intendente con EL DIARIO surgió que los casi 120 mil pesos mensuales que se le adjudicaban a Elletore por las tareas necesarias para lograr ser sujeto de créditos internacionales, en realidad es para un equipo de cinco personas, entre las que se cuenta el exfuncionario provincial.

El jefe del Ejecutivo defendió esa contratación y además consideró que el pedido de ser interpelado en el Concejo era extremo y exagerado. Aseguró que siempre está abierto a hablar con todos los actores políticos y sociales.

Por su parte, la bancada opositora valoró la predisposición del mandatario, tras recordar que el jueves le habían pedido audiencia luego de que el bloque oficialista rechazara convocarlo al órgano legislativo.

Los ediles indicaron que del encuentro nació el compromiso de que cumplidos seis meses del trabajo se aportará al bloque un informe detallado sobre el avance de la calificación de los procedimientos y que “también se confirmó que el plazo de contratación es de 12 meses, sin que a la fecha se presuma la necesidad de prorrogar dicho plazo”.

“Fundamentalmente se dejó claramente establecido que la contratación aludida no se realiza para la toma de crédito, sino para la certificación de calidad de los procesos administrativos del municipio y la calificación internacional como sujeto de crédito para una eventual toma de línea de crédito de ser necesario”, informó el bloque.

Los concejales advirtieron que esta audiencia “no implica en modo alguno resignar las facultades que la Carta Orgánica Municipal nos otorga respecto a la posibilidad de hacer concurrir al recinto al intendente como a cualquier funcionario del DEM, pero entendemos que resulta de mayor importancia llevar adelante las acciones necesarias para interiorizarnos de la gestión municipal y fundamentalmente en el ejercicio del control de la misma”.

En ese contexto remarcaron “la enorme diferencia en cuanto a predisposición, respeto institucional y apertura en la facilitación de la información pública por parte del titular del DEM y los dos secretarios (en relación a Héctor Muñoz y Daniela Lucarelli) a diferencia del bloque oficialista en el Concejo Deliberante que parece responder o actuar conforme a su pertenencia a la gestión anterior”.

Endeudarse no es una meta

Por su parte, Gill aseguró a este matutino que la meta es llegar a certificar como sujeto de crédito internacional, “lo que no significa tener en nuestra perspectiva la emisión de títulos hoy ni el endeudamiento para la realización de obras públicas”.

“Sí sabemos leer la realidad económica, y sabemos que tanto Nación como Provincia están buscando para financiamiento de obra pública el mercado de crédito internacional, con el desafío de bajar los costos de los créditos”, explicó.

Para llegar a certificar en este marco, dijo que se demanda de alguna manera la certificación del funcionamiento de la administración. “Nuestra meta es esa. Si después esto nos brinda acceso al crédito u otras herramientas, mucho mejor, pero no nos persigue ese objetivo hoy”, manifestó. Y ratificó que si deciden tomar deuda, deberá pasar por el Legislativo local.

Argumentó que el equipo de Elletore desarrolló las únicas experiencias en este sentido en el país “y hoy asesora distintos espacios de gobierno locales en América Latina”.

“Son cinco profesionales que vienen trabajando, el propio contador Elletore ha venido regularme a Villa María para participar en estos trabajos”, precisó.

Remarcó que las contrataciones se hicieron dentro del marco legal existente y con el visto bueno de los tres tribunos, incluso la integrante del PRO.

Ante la pregunta, contó que el monto de 120 mil pesos es para todo el equipo, no sólo para el exministro. Ante el planteo respondió que no la considera una cifra elevada “porque está dentro de los parámetros existentes para llevar adelante esta tarea”. Y añadió que dentro de eso están los gastos.

Cuando se le preguntó si la certificación tiene que ser lograda necesariamente, explicó que “esto es un proceso crítico al cual queremos llegar como objetivo”. “Su medida es ir acompañando como tutores para llegar al objetivo”, apuntó.