Estamos en un escenario de campaña electoral en el que las propuestas y promesas abarcan casi todo lo que el espectro social quiere escuchar. Pero la realidad indica que todavía hay temas sin resolver como, por ejemplo, qué hacer con las retenciones al sector agropecuario. ¿Se dejan como están? ¿Se disminuyen gradualmente? ¿Se eliminan? Cualquiera de estos escenarios posibles deberá ser profundamente analizado para evitar la desaparición de muchos pequeños y medianos productores.

El fuerte aumento a las retenciones al sector agropecuario no solamente ha sido rechazado por los productores desde el primer momento. Es más, fue el motivo de una lucha encarnizada entre el Gobierno y el campo que trajo muchas consecuencias en casi toda la sociedad.

Es verdad que en 2008 el escenario económico presentaba para el agro lo que se llamó una “renta extraordinaria”, en consonancia con los precios que el mercado internacional pagaba. Pero ese escenario terminó y no hace poco.

Hoy, en plena campaña, escuchamos promesas, idas y vueltas sobre este tema que en términos reales no aportan casi nada. Mientras una parte del mundo agrícola pide su eliminación directa, hay otras cuestiones en danza y existen otros estratos, dentro del mismo sector, que necesitan con urgencia una revisión de su situación.

La rentabilidad del sector ha disminuido paulatinamente y sin pausa desde hace unos cuantos años. Claro que esta realidad ha impactado en forma desigual, dentro de una esfera productiva de diferentes, muy diferentes, escalas. Hoy los pequeños y medianos productores están realmente en riesgo y el porqué es sencillo: aumentaron los costos de los insumos en dólares, aumentaron los costos de comercialización, de fletes y de laboreos de la tierra. Se debe agregar que la resistencia desarrollada por las malezas exige hoy un uso cuantitativo notable de agroquímicos en los cultivos, que son cada vez más caros. También aumentó el combustible (más aún en Córdoba), a la vez que el sector financiero decidió, desde hace tiempo, dejar de asistirlo como se debería. Todo esto acompañado por una marcada merma en los precios internacionales de los commodities. Por supuesto que esto afecta a los más débiles de la cadena, mientras que los más grandes, hasta hace un tiempo, se han transformado en cada vez más grandes.

Pero la caída en la rentabilidad es un hecho concreto, palpable, visible, a punto tal que en los últimos años, y más se nota en este semestre, muchos se han corrido de la actividad, dejando superficies que alquilaban y hasta retirándose en caso de quienes trabajaban sus propias tierras en escalas pequeñas y medianas.

En este mismo estado de situación aparecen los alquileres, que no se pudieron mantener y desde hace dos años se están renegociando, volviendo al porcentaje y no el pago fijo por ha. como venía siendo. Esto, en contra de los intereses de los propietarios de la tierra, acostumbrados a una renta determinada que hoy ven caer en forma abrupta.

La renegociación de alquileres, una constante hoy en el sector, ha dejado en esta última campaña afuera a muchos pequeños y medianos que no pueden lidiar con esos altísimos valores. Sucede que estos siempre deben bailar al compás de los que ponen la música, que son quienes han tenido y tienen los recursos para reconvertirse rápidamente de una producción a otra (sobre todo la vuelta a la ganadería que hoy presenta una rentabilidad superior a la de la agricultura).

Como se aprecia, la problemática radica en función de la rentabilidad y así como no se le pide a un almacenero o herrero que trabaje a pérdida o para “salir derecho”, tampoco se le puede pedir a un subsector del agro que haga eso mismo.

Hay varias líneas de pensamiento en función de la aplicación de las retenciones de diciembre en adelante. Según el candidato del que se trate, algunos proponen eliminarlas, otros eliminarlas “gradualmente”, otros revisarlas y otros mantenerlas como en la actualidad.

En primer lugar, la experiencia indica que las promesas de campaña, cuando son tan radicales, es mejor no tenerlas en cuenta. En segundo lugar, mantenerlas tal cual están hoy no disiparía los problemas que existen y en esta nota exponemos. En tercer lugar, la eliminación total o volver a los porcentajes históricos de retenciones por exportación de granos sin más, no sería un escenario que favorezca a los subsectores agropecuarios más sensibles.

Esto, lisa y llanamente, porque en el mismo momento en que los productores recuperen rentabilidad en porcentajes altos, los valores de insumos, laboreos, fletes, comercialización, alquileres, etcétera, subirían notoriamente en forma automática.

Nuevamente la problemática se transformaría en una situación de escalas, dejando otra vez afuera a los pequeños y los medianos, el verdadero motor de las economías regionales, al menos en una importante porción de la República Argentina.

Tal vez lo más acertado podría girar en torno de la “eliminación gradual con acciones concretas” o bien, de la revisión de las retenciones en función de las escalas y las situaciones particulares como inundaciones, sequías, etcétera, asegurando también el acceso al crédito, la inversión y la equidad a la hora de la presión fiscal. En definitiva, una revisión con intervención del Estado para evitar situaciones injustas en la economía del sector.

Sin dudas, el sector agropecuario argentino, en su mayoría, transita una situación crítica que merece ser atendida, máxime en un país donde la actividad tradicional productiva abarca a sectores de diversos estratos, escalas y geografías del país. El futuro deberá ser analizado y pensado en función de esta grave realidad.