Asesorados por el exfiscal general de la Provincia, López Amaya, introdujeron en el Legislativo todo lo requerido para avalar el proyecto de iniciativa de consulta popular. El trámite había sido iniciado en noviembre con 2.727 firmas

“Que se trate. No se pide que se sancione. Lo importante es que el Concejo Deliberante lo discuta. Lo importante es que el pueblo sea escuchado”.

El abogado constitucionalista Félix Antonio López Amaya, exfiscal general de la provincia, fue claro en los conceptos a la hora de exponer ante una treintena de vecinos y el grupo de vecinos organizados que reclaman una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la probable instalación de una cárcel en terrenos del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal.

“Aquí lo que se plantea es que se consulte al pueblo”, abonó en la conferencia al dar a conocer la presentación de las 180 firmas certificadas ante escribano público en el Legislativo municipal para avanzar en la realización de un referéndum.

El predio

“Sobre si están las tierras en el ejido urbano o no, sirve para expedirnos sobre la competencia según Ley 9.650 (que define el radio urbano municipal), pero está claro que eso se define a partir de una planimetría (agrimensura) y su memoria descriptiva, que se prepara desde la Municipalidad. Pero lo que se puede verificar es que el polígono circundante (A, L, K, J) corresponde a la excolonia Vidal Abal, por lo que es competencia municipal”, explicó López Amaya.

Sostuvo que “el predio aledaño al HEVA, que entendemos es el propuesto, es de Oliva, es radio urbano olivense”, según “se define del polígono en la memoria descriptiva”, insistió basado en la Ley 9.650.

Arriesgó que “si esos terrenos fueran de la Provincia (fuera del radio urbano), el Gobierno hace un convenio con Nación y se construye la cárcel. Por eso es importante fijar dónde se piensa realizar”, lo que no estaría especificado en el convenio marco.

Tres ciudades, si

“La consulta es simple, es mínima para saber escuchar”, manifestó.

El constitucionalista expresó que “si no lo tratan, veremos qué hacer”.

Esgrimió que “si bien Oliva carece de Carta Orgánica Municipal propia, cuando ya está en condiciones de tener una”, las cartas magnas “de ciudades hermanas como Villa María, Alta Gracia y Villa Carlos Paz, las tres, contemplan que en temas ambientales y que afecten la calidad de vida de sus habitantes, debe facilitarse este instituto”, la consulta popular. Y en ese sentido, marcó que “el mejor aliado del gobernante debe ser la consulta”.

En ese marco, recordó que “la mayor consulta que conozco fue la de la reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para reducir el congreso (de diputados y senadores) a una unicameral de 70 legisladores. Y el gobernador José Manuel de la Sota lo puso en consulta…”.

Todo cumplido

“Se ha cumplido con lo requerido. Con esto se ha cumplido con lo que el Concejo ha requerido a los vecinos organizados. Esto es la presentación del pliego con las 180 firmas certificadas ante escribano público, cumpliendo con el 1,5% del padrón según lo establecido en la Ley Orgánica Municipal 8.102 (LOM), además se ha presentado el proyecto articulado, con la exposición de motivos y con el formato de las boletas de cómo debería ser la consulta por el sí o por el no, en si están de acuerdo en al instalación o no de la cárcel”. Así lo explicó y ese fue el motivo primero de la conferencia: el anuncio de este paso que se formalizó el martes (fue el grupo a las 7.35), con el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOM.

En segundo lugar, está “la necesidad de hacer un racconto de la procedencia constitucional y legal de la iniciativa popular y de la consulta popular en el ámbito de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y de la Ley Orgánica Municipal. Y que los vecinos que llevan adelante esta iniciativa tengan la seguridad de que es compatible con cada norma. O sea, cómo se baja la Constitución nacional o la provincial al ámbito del municipio y cómo se hace concreto”.

“Agregamos que esta es una medida que no está politizada, busca que el pueblo se exprese y que el Gobierno lo sepa aprovechar como una herramienta para saber si está el pueblo de acuerdo o no para llevar adelante esta iniciativa (la instalación de una cárcel), que tiene que ver con una iniciativa del Gobierno nacional y del provincial, pero que si la quieren hacer en territorio municipal, debe contar con la anuencia del Gobierno municipal. Y entonces, para saber si el pueblo está de acuerdo o no, debe realizar esta consulta”, expresó López Amaya.

Y se explayó en cuanto “el tema es que ha surgido de la organización de los vecinos, de distintos espacios políticos, aparece el debate y esta iniciativa para que tanto el intendente como los demás poderes políticos, lleven adelante esta iniciativa, de manera que los representantes de los poderes deberán debatir y resolver qué se ha planteado desde las bases, desde la ciudadanía, qué expresan los vecinos”.

“Puede llevar a que los concejales voten en lo que creen más conveniente para el pueblo y no lo que sus partidos políticos le indiquen o le instruyan”, dijo respecto a la posición que pudieran adoptar en bloque los ediles.

Escalón mínimo

“Lo que se ha planteado es el escalón inferior o mínimo previsto en la Constitución, que es la iniciativa popular. Pero podría ocurrir que los poderes políticos adviertan que ésta es una cuestión importante y trascendente, y que lo hagan como un referéndum obligatorio, y lo pueden hacer, eso también está previsto en la ley. La ciudadanía no les está pidiendo que sea un referéndum obligatorio, está pidiendo nada más que se haga una consulta, ni siquiera vinculante. Por eso digo que es un escalón mínimo de la participación ciudadana. Pero si esto tomara otra envergadura, podría derivar en que el intendente o el Concejo opte por un referéndum para que el resultado del mismo sea obligatorio, y eso también estaría bueno y sería compatible con la voluntad del pueblo”.

Tres o cuatro

El tercero de los puntos abordados refirió a exponer las etapas de este proceso. “Son tres y la posibilidad de una cuarta. La primera es la de la presentación de los recaudos formales (proyecto, exposición de motivos, las firmas autenticadas, los 180 vecinos firmantes más la firma de diez promotores). La segunda es la Legislativa: el Concejo Deliberante ahora está compelido, está obligado a tratarlo inmediatamente. Lo tiene que poner dentro de los asuntos centrados y tratar. No tiene un plazo, en principio, porque es una decisión política y debe atenerse conforme reglamento del Deliberante; pero si tiene un plazo perentorio de un año, teniendo que, si no se cumple durante un año su tratamiento, la solución la otorga la misma ley y es realizar el referéndum obligatorio. Y en ese caso, con la firma del 20% del padrón, ya se podría hacer el mismo”, dijo el constitucionalista.

Amplió en que “ese porcentaje ya está, porque este proceso se inició con la firma de 2.727 vecinos, a los que se requirió se cumplimentara con la autenticación para la consulta”, por lo que entienden el requisito para el referéndum ya estaría presentado (no es necesario certificar las firmas).

A la pregunta de si convendría tratar el proyecto vecinal dentro del año, el letrado aseguró: “Si no se resolviera dentro del año, que se cumple en noviembre, los vecinos podrían ir a la cuarta etapa y recurrir administrativa, política, jurídica y judicialmente para que se cumpla con el referéndum obligatorio, porque en los requisitos del 20% del padrón ya está cumplido. No hacen falta certificar esas firmas ante escribano”, dijo López Amaya.

Afirmó que “si el poder político lo quisiera resolver en paz y tranquilidad lo podría hacer ahora, no sentirse obligado a hacerlo frente a una medida de acción administrativa o judicial”.

“Lo importante es el tratamiento, que los concejales lo debatan y salgan a consultar con las instituciones, con las ONG´s, con los clubes y centros vecinales. Ese es el mejor debate que se puede dar frente a una cuestión de esta naturaleza”, consideró.

En cuanto a si cree que se puede resolver en el corto plazo, esbozó que “se tiene que resolver, también se puede dar en el convenio marco de Nación y Provincia y decir, bueno, hagan la consulta. Esto es lo que ha dicho el gobernador (Juan) Schiaretti, dicen, pero si no hay consenso, eso va a motivar al Gobierno para saber si lo hace o no lo hace”.