Por decisión del intendente Martín Gill, los abogados de la Municipalidad no llevarán la sentencia del caso Quiero a una instancia superior. El abogado de Carranza hizo un pedido aclaratorio
El fallo dado a conocer el 7 de diciembre que le da la razón a Mónica Marcela Quiero, la extrabajadora de Tránsito que denunció acoso sexual y laboral en la Municipalidad, no será casado por los letrados del Estado local.
Así lo harán por decisión del intendente, indicaron los letrados de la comuna.
De esta manera, si tuvieran que pagar hoy lo que ordenó el juez Osvaldo Mario Samuel, deberán desembolsillar 236.245 pesos.
Pero hay que recordar que la condenada no fue solo la Municipalidad, sino que el acusado -y ahora condenado- por realizar propuestas de índole sexual a cambio de renovarle el contrato a la trabajadora, fue Fabián “Mojarrita” Carranza, quien además de desempeñarse en el área de Tránsito, cumplía funciones como dirigente gremial en el SUOEM.
El monto a pagar es, en definitiva, responsabilidad de las dos partes condenadas.
De totas maneras, el fallo aún no quedó firme porque el abogado de Carranza presentó un recurso pidiendo aclaraciones sobre distintos puntos del fallo.
Una vez que le respondan y de no mediar un nuevo recurso de su parte, la sentencia sí quedará firme y deberán efectivizar el pago.
Cabe recordar que no es el único caso de denuncias por acoso sexual en la Municipalidad.
El otro hecho resonante fue el de Ivana Chialvo, a quien la Justicia no le hizo lugar. También quedaron en el camino -es decir, no llegaron a hacer los planteos en la Cámara del Trabajo de Villa María-, denuncias similares contra los mismos actores.
