Los ediles de la minoría se oponen a los aumentos “excesivos, que perjudican al vecino en su aporte mensual”
En la ultima sesión del Concejo Deliberante de diciembre, la agrupación política Juntos por La Playosa (PJ-FPV) aprobó en segunda lectura, pese al contundente rechazo de la Unión Cívica Radical (UCR), la Ordenanza Tarifaria y Presupuestaria para el período 2017 confeccionada por la contadora Mariángel Santi.
La UCR se pronunció en contra de las dos ordenanzas debido al excesivo incremento promedio en las tasas y contribuciones, aumentos que superan el 52% promedio, cuando en el contexto nacional se estipula para 2017 una inflación cercana al 17%, por ello los ediles de la minoría expresan la incomprensibilidad de los aumentos pretendidos en La Playosa.
Según los ediles, la postura adoptada fue resumida en un nuevo método de impuestazo y sueldazos sintetizada en la acción de incrementar los impuestos para beneficiar los sueldos de la planta ejecutiva y poder afrontar “los incontables puestos de trabajos incorporados como devolución de favores políticos, teniendo como referencia estadística que los ingresos de la coparticipación desde el año 2007 hasta 2015 han sido suficientes para financiar en su totalidad la partida de sueldos, incluyendo jornalizados; sin embargo, el presupuesto 2017 cubrirá solamente el 78% de los sueldos, requiriendo de recursos propios (tasas y contribuciones de los ciudadanos) para cubrir la partida presupuestaria de sueldos; dejando en evidencia la cantidad de personal y los altos sueldos de la planta ejecutiva, en ambos casos, excesivos”.
Incrementos arbitrarios
“La oposición entiende que una de las numerosas herramientas que posee quien gestiona una institución no es solamente procurar mayores ingresos, sino tambien trabajar sobre la estructura de costos en un marco de austeridad y transparencia en virtud de que se manejan fondos públicos; por ello, el excesivo aumento en las tasas y contribuciones (propiedad entre 30% y 70%, Comercio e industria: 20% de la alícuota y un 40% en los mínimos, licencia de conducir 40%, derechos de oficina entre un 60% a 92%, libreta de sanidad entre un 86% a 103%, Registro Civil entre 60% y 100%, duplicado de libre deuda y patentes automotores un 185% y en el rubro inhumaciones con aumentos entre 160% a 735%), son considerados incrementos arbitrarios, injustos e improcedentes, teniendo en consideración que la contadora Santi no pudo explicar la lógica estructural determinante de los mismos.
Los concejales de la UCR tiene como referencia las líneas de acción de la anterior gestión con incrementos impositivos del 20% al 25% por año (promedio), aun cuando el índice de inflación era muy superior a nivel nacional; en ese marco de acción, el municipio contó durante los ocho años de gestión con superávit económico”, manifestaron.
“La mejora en la administración, el uso eficiente de los recursos que aporta la comunidad y el equilibrio presupuestario no deben entrar en colisión con las prioridades y las necesidades reales de la sociedad Playosense”, agregaron.
De esta forma, la UCR resaltó las discrepancias entre las partidas presupuestarias, expresando que para obras municipales, públicas y cordón cuneta se han presupuestado 1.850.000 pesos, o sea, un 3,3% del total del presupuesto, mientras que la partida destinada al Departamento Ejecutivo asciende a los 4.150.000 de pesos, siendo la que más plata tiene de todo el presupuesto, y estando compuesta solo por cuatro personas (intendenta, Gabriela Nicolino; secretario de Gobierno, Franco Villar; coordinador de Gabinete, Edgar Olcelli, y contadora Mariángel Santi), esta cifra da como resultado una erogación mensual de 345.000 pesos, dejando en evidencia los intereses y las prioridades de la actual gestión.
