Los habitantes del añejo inmueble revelaron que las casas que el municipio alquiló son muy pequeñas y que hasta una es un local comercial. El fiscal Bossio indicó que no habrá desalojo del lugar hasta tanto se determine si las familias incurren en el delito de usurpación denunciado por la comuna villanovense

Un sabor amargo les quedó el martes último a los integrantes de las cuatro familias que todavía habitan en el viejo edificio de la Escuela Pablo VI, luego de la reunión que mantuvieron con el intendente Natalio Graglia y el asesor letrado de la comuna villanovense, Marcelo Silvano.

Es que en el encuentro, el grupo de personas que desde hace unas semanas viene siendo invitado a retirarse del lugar y ocupar viviendas que alquilaría la Municipalidad con aportes de la Provincia, se encontró con que los lugares no cuentan con las condiciones mínimas para contenerlo.

Según pudo conocer este medio, el Ejecutivo de la vecina ciudad consiguió lugares con una sola habitación y sin espacio para muebles o electrodomésticos.

El peor de los casos es una familia numerosa que debería ocupar un pequeño salón comercial que se erige sobre calle Belgrano.

A la respuesta que es considerada como insuficiente por los ocupantes del añejo edificio en disputa, los consultados por este matutino agregaron las severas advertencias del abogado Silvano respecto a la posibilidad de un desalojo, dispuesto por el fiscal René Bossio, durante la jornada de hoy.

Vale destacar que el referente de la Justicia estuvo presente durante los primeros minutos de la reunión que mantuvieron los frentistas, el jefe comunal y acompañantes.

EL DIARIO consultó a Bossio sobre la veracidad de lo afirmado por el asesor de la comuna, a lo que el funcionario judicial negó que existiera alguna orden oficial para desalojar hoy a las familias.

“Desde la Fiscalía queremos una solución consensuada, no dejar a las familias en la calle. Yo simplemente participé como fiscal y obviamente lo que todos queremos es resolver esta situación del mejor modo”, enfatizó el fiscal.

Respecto al caso, Bossio informó que “hay una denuncia presentada por el asesor letrado de la Municipalidad, aduciendo que la gente que vive en el lugar lo está usurpando y que además existen peligros edilicios”.

“Obviamente que el lugar se presenta como precario pero todavía tenemos que determinar si hay usurpación o no y eso es un tema que estamos viendo”, apuntó.

“Estamos en un proceso judicial y hay que primero determinar la presencia de un delito para luego actuar en consecuencia”, aseveró el entrevistado.

El fiscal que atiende la controvertida temática resaltó que “no está en el ánimo de la Fiscalía hacer un desalojo a esta gente, ni mucho menos”.

“El haberme constituido ante los habitantes del predio y pedir la reunión que se realizó con la presencia del intendente es porque precisamente estamos apostando a una salida consensuada que creo es lo mejor para todos”, sostuvo en la charla concedida a este medio.

Para cerrar, Bossio insistió en que lo único que tiene es una presentación judicial donde se presume existe una supuesta conducta ilegal por parte de personas que ocupan un inmueble en malas condiciones estructurales.

Todo lo anterior, según afirmó el reporteado “está en una etapa de estudio e investigación y lejos de la chance de un desalojo urgente”.

En desacuerdo

“Somos seis personas (una mamá con sus cinco hijos) y nos quieren meter a todos en una pieza de tres por tres metros, me obligan a eso y no quiero hacerlo. Los muebles y electrodomésticos no van a entrar y encima el intendente me dijo que si no cabían los dejara afuera tapados con un nailon o que los lleve al galpón que Tránsito tiene al lado de la Escuela República de Bolivia”, manifestó Gabriela Ruiz, acompañada por Deolinda Rodríguez, Noelia Murúa y Marisol Prudencio.

“Yo dije no estar de acuerdo y nos dijeron que tengo para pensarlo hasta hoy y que si me sigo negando me desalojan mañana (por hoy). Quiero que alguien le haga entender al intendente que no podemos vivir donde nos ofrecen”, coincidieron en apuntar las jefas de familia.

Cabe destacar que en la misma situación de Gabriela y sus familiares se encuentran los miembros de otras tres familias. Aunque las locaciones de los inmuebles varían, el factor común es que todas tendrían el formato de monoambientes y hasta uno que ha sido diseñado y dispuesto para uso comercial.

“No es que nos hagamos los exquisitos debido a que el intendente nos paga el alquiler, pero tienen que entender que no porque nos paguen tenemos que meternos en una cucha de perro”, concluyeron.

Prevención y salud visual en dos escuelas

La médica oftálmica Carolina Picotti, la licenciada Tania Schaab y los estudiantes de la Licenciatura en Optica Oftálmica realizarán controles y acciones preventivas en alumnos de primer grado de dos establecimientos educativos.

El 21 de junio estarán en la Escuela Juan Bautista Alberdi y, el 28, en la Escuela Padre Hugo Salvato. Los controles se harán de 10 a 15.

En esta instancia también se concretarán charlas informativas.

La iniciativa tiene como objetivo establecer la prevalencia de agudezas visuales bajas y trastornos oftalmológicos y evaluar el conocimiento que poseen padres y docentes acerca de la importancia de realizar controles oftalmológicos a los niños. Cabe destacar que los exámenes serán totalmente gratuitos.