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“No queremos dar marcha atrás porque esto es una gran injusticia”

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“No queremos dar marcha atrás  porque esto es una gran injusticia”
Matías Malfante, antes de acceder a los Tribunales donde realizó ayer la presentación judicial

El docente que fue despedido del Instituto del Rosario interpuso ayer un recurso de amparo para ser restituido a su lugar de trabajo. En la sede tribunalicia el educador fue acompañado por referentes gremiales locales y provinciales

Matías Malfante, antes de acceder a los Tribunales donde realizó ayer la presentación judicial

«No queremos dar marcha atrás porque hay una injusticia muy grande y por eso venimos a hacer esta presentación ante la Fiscalía, para pedir por la restitución», así sintetizó Matías Malfante, el trabajador despedido del Instituto del Rosario semanas atrás, la acción judicial que concretó ayer.

Malfante, junto al secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) a nivel provincial, Jorge Repeto; el gremial, Gustavo Berbel; la titular de la Delegación Villa María, Mónica Carrizo, y un puñado de compañeros que asistieron para solicitar junto al abogado de la entidad, Maximiliano Machuca, una medida de amparo en el Juzgado de Control de los Tribunales villamarienses.

“No he tenido ningún llamado ni la presencia de nadie. Pensando en gente que uno conoce hace tiempo, me llama la atención y me duele. Esperaba algo que me dejara un poco más tranquilo, pero no tuve nada”, apuntó el educador.

“Lo que sí rescato es que ha habido mucha solidaridad de parte de mis compañeros, de manera privada sobre todo”, agregó.

Respecto al proceso judicial y las posibilidades concretas de volver a la institución de la que fue cesanteado, Malfante dijo que “sueña con eso”.

“No hay ningún motivo por el cual yo tenga que estar fuera de mi lugar de trabajo”, resaltó antes de afirmar que su salida del centro educativo tuvo que ver con cuestiones ideológicas.

“Uno los tiene clarísimos a los motivos, que ellos no se animen a decirlo por todo lo que esto puede traerles como consecuencia es otra cosa. Habría que preguntarles, pero no si estarán dispuestos a hablar”, agregó.

“Creo que se ha hecho daño a muchísima gente. Lo que hay detrás de un despido es muy fuerte y ese daño que siento como irreparable es lo que uno espera que por ahí alguien de la institución reaccione de una manera más humana”, consideró.

 

Esperan que prospere

En referencia a la medida judicial solicitada, el representante legal de Malfante manifestó que “esperan que la presentación prospere”.

“Este es un recurso de amparo que ya tiene precedentes en la Corte Suprema (caso Balaguer contra Pepsico) y duró bastante tiempo en definirse. En esta situación nosotros esperamos que la Justicia sea más expeditiva y se haga cesar la actividad antisindical, tanto contra Matías como contra el gremio del que él forma parte”, puntualizó el abogado Machuca.

Al ser consultado sobre la existencia de casos similares en el ámbito educativo, el letrado afirmó que existen, pero que los mismos “han sido negociados por los colegios que no reinstalaron a los despedidos, pero sí determinaron indemnizaciones agravadas por discriminación”.

“Nosotros tenemos la expectativa que el Juzgado le indique al colegio la reincorporación de Matías. Creemos que hay posibilidades porque el derecho lo asiste, tanto desde la ley de asociaciones sindicales como la Constitución y los tratados que ha firmado nuestro país, que son un buen respaldo jurídico a la presentación que está haciendo”, redondeó.

 

Desde el gremio

Hecha la presentación, Repeto dijo a EL DIARIO que la misma “es una instancia más para agotar todas, en pos de retrotraer y lograr la reinstalación del docente, que no solo quiere Matías, sino, además, estudiantes, padres, compañeros, que entienden que se trata de una injusticia y más teniendo en cuenta que se trata de un docente recibido en la misma institución”.

“El motivo que aparece en este despido es el haber ejercido un derecho, el de huelga, y también podría sumarse que 20 días antes se había afiliado a nuestra entidad gremial”, apuntó. Repeto sostuvo que “esto es una práctica que las cámaras patronales usan como artilugio a fin de año, generalmente. Acá la idea es que se reinstale al trabajador en su puesto y frenar así este tipo de avance que intenta amedrentar a los trabajadores. Nos presentamos en la Justicia habiendo estado siempre dispuestos y tratando de alcanzar el diálogo, pero se nos ha negado”.

Para Repeto, aparece aquí “el agotamiento de una instancia legal y personal, aunque el recurso gremial no se agota”.

“Vamos a reactivar también el proyecto presentado hace dos o tres años en la Legislatura, que existe en Santa Fe, que sanciona en estos casos a las instituciones privadas subvencionadas por el Estado, cancelando esos aportes por períodos de tiempo. Volveremos a hablar con cada bloque”, dijo.

Por último, indicó que “no se puede aceptar que colegios católicos que perciben dineros públicos y que cobran altas cuotas utilicen esos dineros para echar trabajadores. Deberían destinar esos fondos a mejorar los salarios docentes y mejorar la infraestructura para evitar que haya cursos con más de 40 chicos”.

Por su parte, Carrizo advirtió que la presentación es personal, pero apoyada por la acción del gremio en su conjunto.

“Estamos todos apoyando a Matías y vamos a ir fuertemente por su restitución”, concluyó la gremialista.

 

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