Los impulsores del recurso sostuvieron que se les limita no sólo la libertad de circulación, sino también de trabajo, porque suelen ser detenidos camino a su fuente laboral
Miembros de diversas organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles de Villa María presentaron ante el Juzgado de Control una acción de hábeas corpus colectivo preventivo a favor de los jóvenes de barrio La Calera, al encontrarse amenazada su libertad ambulatoria. Para argumentarlo, señalaron que padecen detenciones arbitrarias o procedimientos irregulares en la vía pública por parte de la Policía de la Provincia.
Con la acción interpuesta buscan que la jueza Edith Lezama ordene el cese de la situación que pone en peligro su libertad de tránsito.
“Los jóvenes, al desplazarse desde el lugar donde habitan (en el barrio La calera) hacia el centro de esta ciudad, son interceptados por policías impidiéndole de esta forma que lleguen a su destino. Generalmente son detenidos mientras circulan por avenida Alem y llevados a la Comisaría donde se les imputan contravenciones del Código de Faltas como merodeo, disturbio en la vía pública, averiguación de identidad, etcétera. Cuando las personas que son detenidas son trabajadores, el perjuicio es doble, ya que se les impide llegar al lugar de trabajo ubicado fuera del barrio, afectando de esta forma su fuente de ingreso”, señaló el escrito presentado en sede judicial.
En el manifiesto precisaron que algunos jóvenes, sobre todo los menores de edad y sin escolarización, limpian vidrios de vehículos en bulevar Veléz Sarsfield y Granaderos Argentinos, siendo ésa su única fuente de ingreso. “Ellos también ven limitada su libertad de circulación y de trabajo, ya que la Policía los hostiga a diario para que abandonen este espacio. En estos procedimientos no se cumple con la prohibición de detención en la comisaría a menores de edad, ni con la Circular General N° 39/15, en cuanto deben informar sobre los menores de edad que son detenidos en la Comisaría de esta departamental al juez de Menores. También ven limitada su vida social, la que se reduce solamente a los márgenes de su barrio, ya que por dar un ejemplo en época del Festival de Peñas no pueden llegar a la costanera porque son interceptados por portación de rostro”, se apuntó en el recurso judicial.
“La aplicación del Código de Faltas afecta no sólo su vida laboral, sino también la social, que deben verla reducida a las periferias de su propio barrio, limitando el contacto con el resto de la sociedad y agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”, se advirtió en el escrito, que fue elaborado por la abogada Victoria Tartaglia.
Los impulsores de la medida ofrecieron como prueba informativa que se librara un oficio a la Policía local para que informe el total de detenciones de vecinos de La Calera que se han producido en los últimos cinco años con el Código de Faltas como sustento y también sobre el tratamiento recibido por los menores cuando son alojados en la Departamental; y que se le solicitara al Juzgado de Niñez información sobre si se le comunica la detención de menores de edad. También ofrecieron declaraciones testimoniales de personas en particular, con su domicilio y DNI.
Entre los firmantes se cuenta a Fabián Bizzarri de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Enrique Norberto Godoy, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Marisa Sánchez, responsable del comedor “Carita Felices” de ese barrio; Santiago Altamirano, en representación de la organización estudiantil de la Universidad Nacional de Villa María “El Hormiguero Patria Grande”; Claudia Carolina Almirón, como integrante del “Centro de Estudiante de Básicas y Aplicadas, Conducción Piedra Libre” de la citada casa de altos estudios; Diego Bengoa, periodista; La Colectiva y los ciudadanos Nadia Caronni, Eugenia Sánchez, Alexis Scarponi, Madeline Rustichelli, Antonella Turletti y Melina Carreño y el Partido Obrero.
