El titular del Juzgado Federal de esta ciudad renovó un fallo a favor de una obra social universitaria riocuartense para impedir que algunos de sus afiliados se pasen a una obra social sindical villamariense
La historia no viene de ahora. Para entenderla debemos remontar un par de décadas, hacia el nacimiento mismo de la Universidad Nacional de Villa María. Como en aquel entonces en la casa de altos estudios local todo era incipiente, se firmó un convenio para que docentes y trabajadores de la UNVM pudieran contar con la obra social de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Aspurc.
Con el paso del tiempo, los claustros villamarienses fueron generando su propia dinámica y generaron ámbitos como la Asociación del Personal de la Universidad (Apuvim) y, más tarde, su obra social Osfatun. Es verdad que aquel convenio impedía el pase de los afiliados, pero no es menos cierto que el Rectorado de la UNVM hizo un dictamen jurídico que permitió que 45 afiliados de Aspurc pudieran abandonarla e ingresar en Osfatun.
Para frenar ese drenaje, Aspurc acudió a la Justicia y fue el juez Roque Ramón Rebak quien dictó a mediados de año una cautelar a su favor, por el lapso de seis meses.
Desde Osfatun aguardaron ese medio año para ver qué criterio adoptaría finalmente el magistrado, y el 13 de este mes se encontraron con que decidió una prórroga de la cautelar por seis meses más.
Le pegaron muy fuerte
Así las cosas, los dirigentes de Apuvim-Osfatun, encabezados por Diego Vilches, llevaron el caso al terreno político: “Nosotros no pedimos el pase compulsivo de nuestros compañeros a nuestra obra social, sino que pedimos que sean libres de elegir lo que creen que es lo que más les conviene”, explicó el secretario general del gremio de no docentes de la Universidad Nacional de Villa María al periodista de EL DIARIO.
Y enseguida arremetió: “En línea con los nuevos tiempos políticos, Rebak se alinea defendiendo a las corporaciones, antes que a los trabajadores y a sus derechos”.
Para el sindicalista, “Rebak es juez y parte; falla a favor de su propia obra social, ya que él como docente de la UNVM es beneficiario de Aspurc”.
“Nos parece que es algo absolutamente incompatible con la ética, algo que le resta legitimidad sino legalidad a sus decisiones, por lo que vamos a recusarlo a la brevedad”, anticipó el sindicalista.
Aludió finalmente a “una clara discriminación, desde el momento en que 45 trabajadores pudieron hacer su opción, pero los otros no pueden decidir se quedan en una obra social o se pasan a otra, todo por la decisión de un magistrado que para nosotros, reitero, está actuando como juez y parte, a favor de una entidad a la cual pertenece”.
La denuncia de la mamá, Gisela – Apross no cumple con la promesa a Zahir
«Después de que nos prometieron que la silla de ruedas de Zahir iba a estar en término de un mes y medio, hoy nos avisan, luego de tanto insistir llamando, que aún no hay novedades de la silla postural que comenzamos pidiendo a la mutual Apross. Primeramente, el pedido nunca llegó. Me entero a mediados de año, y cuando vuelvo a hacer por segunda vez la consulta con el fisiatra y vuelvo a llevar todo, se ‘extravían’ los pedidos médicos, escribió en su cuenta de Facebook Gisela, la mamá de Zahir Etrat.
Y añadió: “Como hicimos todo público, nos llamaron directivos de Apross y nos dieron turno para sacar las medidas directamente en una ortopedia de Córdoba. Hace dos meses de eso y aún no sabemos nada. Sólo que está en fábrica”.
Más adelante explicó que “como la silla actual de Zahir tiene tres años, le queda rechica y, además, está rota”, para preguntar “¿hasta cuándo hay que esperar?”.
“Para todo, un millón de trámites. Pagás una consulta de 700 pesos y te reintegran después de tres meses 190 pesos. ¿Por qué todo es tan engorroso? Te van pidiendo papeles a cuentagotas, cosa que nunca completes los trámites. En vez de facilitarnos las cosas, nos ponen trabas y nos hacen ir mil veces y llamar otras tantas. Cómo se nota que ellos no viven lo que nos toca a nosotros», concluyó la mamá.
