Desde la Unión Cívica Radical fijaron posición reafirmando su orden al respeto y defensa irrestricto de los derechos humanos
“La Unión Cívica Radical de Villa María manifiesta la más profunda preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en fecha 03/05/2017, en el marco de los autos caratulados “Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros s/recurso extraordinario”, por el cual se decidió, por mayoría de tres ministros sobre cinco, la aplicación de la denominada “Ley del 2×1” en pro de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad en el cómputo final de privación de su libertad ambulatoria derivada de las condenas aplicadas por la probada comisión de esos delitos.
La reconstrucción del estado de derecho en nuestra Patria, a partir de diciembre de 1983, exigió la instalación de sólidos cimientos democráticos en un terreno sumamente fangoso y débil, como el que dejara la dictadura cívico-militar en retirada.
El radicalismo en lo político, con Raúl Alfonsín como presidente de todos los argentinos y la sociedad civil en su enorme mayoría, transitaron desde entonces el difícil camino de la consolidación democrática, la cual jerarquizó la persecución y castigo para los autores de delitos aberrantes y de lesa humanidad, acompañados de una conducta judicial acorde con la envergadura del compromiso, con un sentido de progresividad constante, como garantía de no desvío en el rumbo marcado desde el 10 de diciembre de 1983.
Sin embargo, este reciente fallo del más alto tribunal de la República, que pone al borde de su libertad a numerosos genocidas que podrían beneficiarse de la aplicación del “2×1”, exhibe una claro retroceso al alentar políticas regresivas en esos temas de valor vital y permanente, que exigen una contundente respuesta de la totalidad del arco político argentino.
En ese orden de cosas y considerando la tradición señera de la UCR en orden al respeto y defensa irrestrictos de los DD.HH., pedimos la inmediata convocatoria a todas las fuerzas y partidos políticos, a manifestar su repudio en conjunto a este fallo, que abre las puertas de las cárceles a los asesinos que jamás exhibieron arrepentimiento alguno, ni colaboraron para lograr que las víctimas insepultas, tuvieran un pequeño pedazo de tierra al cual acudan sus familiares para rogar por ellos, mínima dignidad a la que tiene derecho cualquier persona.
Este criterio por el cual se igualan delitos comunes, con los de lesa humanidad, obviando considerar la repercusión social del fallo, ilustran sobre el peligroso giro que podría tomar una política de estado que solo pueden avalar quienes pretenden distorsionar el sentido reparador y fundacional que significó la piedra basal del “Nunca Más”!
No callar ante la inequidad
Las leyes de impunidad, dictadas entre 1987 y 1990 implicaron un golpe durísimo para todas las personas que buscábamos justicia. Sin embargo, no cejamos en nuestro empeño. Y esa lucha incansable condujo a su anulación y a la ejecución de los Juicios tantas veces demandados. La consigna de Memoria, Verdad y Justicia recorrió las calles del país, movilizó a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que habían padecido el horror de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los genocidas durante el terrorismo de Estado. A ellos se sumó la juventud haciendo propia la consigna y hoy son más los integrantes de las nuevas generaciones que los viejos que padecimos el horror, quienes integran las luchas por la Verdad y la Justicia. Creímos que Nunca Más se permitiría que la impunidad volviera a reinar. Pero sin embargo, hoy el 2×1 que pretende aplicar la Corte Suprema con sinuosos argumentos de dudosa valía legal, trata de dar por tierra con las luchas y los fallos que condenaron a los genocidas.
¿Qué es lo que lo que se busca amnistiar (sin eufemismos) quebrando el marco legal? Son las condenas a los delitos de lesa humanidad que de modo alguno pueden ser homologados con delitos comunes. Estos delitos son ya cosa juzgada de acuerdo con las normas legales vigentes, se trata de delitos contra lo esencial del ser humano, que en arreglo con normas nacionales e internacionales son imprescriptibles. Durante todos estos años -más de cuarenta ya- nadie buscó hacer justicia con manos propias y los represores tuvieron la oportunidad de defensa en juicio que nunca otorgaron a sus víctimas. Y nuestro país fue reconocido en la comunidad internacional como ejemplo de la búsqueda de justicia. No podemos, no queremos ni debemos callar frente a esta iniquidad. Allí estarán los jóvenes que son la garantía de continuidad de una lucha inclaudicable. Esos jóvenes (a muchos de los cuales fueron sus maestros – hoy tan vilipendiados-, los que les abrieron los ojos a una memoria encerrada por mucho tiempo bajo siete llaves), a todos ellos y ellas no se los calla ni se los detiene porque luchan por un futuro digno.
Y es con ellos que afirmamos que la memoria no se vende, no se rinde ni se borra.
Por el futuro, por la memoria de nuestros 30 mil con quienes compartimos el anhelo y las luchas por una sociedad justa, estaremos todos y todas “presente”.
Susana Barco
“Profunda preocupación”
El equipo de gestión de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), encabezado por el rector Luis Negretti, expresa su apoyo y acompañamiento rotundo a la declaración emitida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el “Caso Muiña”.
“Con la convicción de haber elegido como comunidad el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia decimos Nunca Más al terrorismo de Estado”, afirmó Negretti.
Manifestamos la profunda preocupación a los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre causas relativas a delitos de lesa humanidad: la prescriptibilidad de los reclamos civiles por daños y perjuicios; la supremacía de las decisiones de la CSJ sobre la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de delitos de lesa humanidad, o sea sobre crímenes internacionales y, la prisión domiciliaria de condenados.
Por todo ello, en nombre del permanente posicionamiento institucional del CIN en defensa de los derechos humanos, entendemos que no es posible una reconciliación sin Memoria, Verdad y Justicia, y reafirmamos nuestro compromiso con la profundización de la democracia, contra la impunidad y por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.
