Carta de Naselli sobre el barrio Evita
Consultado por EL DIARIO, el extribuno describió la llamativa sucesión de hechos en torno al programa 250 Viviendas
“En 2014 junto al extribuno Gustavo Maristany alertábamos sobre una situación con profundo tufo a ilicitud y corrupción por irregularidades en la construcción de 250 viviendas sociales en barrio Industrial, hoy Evita, con una “asistencia financiera” de la Nación que orillaba los 33 millones de pesos a valores de 2011.
En febrero de dicho año la obra fue adjudicada por el Instituto Municipal de Inversión, entonces presidido por José Carignano, hoy presidente del Concejo Deliberante, a una Unión Transitoria de Empresas (UTE, RAC-Forobra SA). Dicha UTE se comprometió a ejecutar la obra por unos 31.500.000 pesos, en un plazo de 12 meses a contar desde el inicio de los trabajos.
Sorpresivamente, en marzo de 2013, la UTE RAC-Forobra cedió a favor de otra UTE (Teximco SA-ICI SA) todos los derechos y obligaciones derivados del contrato con el IMI. Casualidad: Teximco era entonces también la adjudicataria del plan que comprendía la entrega de la Plaza Manuel Ocampo a cambio de la construcción de instalaciones deportivas cuyo costo real resultaba totalmente incierto y que fue abortado.
La UTE Teximco-ICI, luego de subcontratar tramos íntegros de las obras, en agosto de 2014 procedió a ceder nuevamente sus derechos y obligaciones a favor del Instituto Municipal de la Vivienda, devolviendo así a la misma Municipalidad, que años antes había llamado a licitación, una obra que no concluyó. Nunca hubo explicaciones por las abruptas cesiones contractuales, efectuada -al menos la segunda- en abierta violación a las normas vigentes.
Desde Eduardo Accastello para abajo, todo el Gobierno municipal se amparó en un sugestivo silencio.
La obra, que debía terminarse en un año, estaba a medio ejecutar cuando asumió Martín Gill y ya había insumido más de 40 millones de pesos. De esa cifra, unos 15 millones habían sido aportados por todos los vecinos y la sangría financiera continuó sin que se conociera un solo número bajo la órbita de la actual administración, inspiradora de una cacareada (pero inexistente) política de “datos abiertos”.
Ni el entonces presidente del IMI, Carignano, y mucho menos el exintendente Accastello se dignaron a contestar un solo pedido de informes respecto a este desmanejo descomunal de contratos incumplidos y cifras millonarias, cuyo destino jamás fue explicado, al menos no públicamente. Nunca se dieron a conocer las razones de las sucesivas cesiones contractuales. Por supuesto, a la actual administración tampoco le importó dar razones por las cuales los vecinos tuvieron que seguir financiando viviendas aparentemente pagadas pero jamás construidas. Tampoco le importó a la Justicia investigar este apestoso asunto que el oficialismo hoy gobernante se negó a auditar.
José Naselli
Extribuno-Vecino
