Fueron sobreseídos el exintendente Aurelio Semenzín y su exsecretario de Gobierno. Estaban acusados de “peculado” y administración fraudulenta agravada”, denunciados en 2008 por la actual jefa comunal, María Cristina Barbisán (UCR)
El exintendente de La Playosa, Aurelio Semenzín, y quien fuera su secretario de Gobierno, Edgard Olcelli, dieron a conocer ayer el sobreseimiento final de la causa que los apuntaba como acusados de peculado y defraudación.
Acompañados por el abogado Rodrigo Hayas, indicaron que si bien ya conocían este desenlace, no lo compartieron «hasta pasados los comicios para no confundir a la población y a pesar del daño y preocupación que causó entre familiares, amigos y conocidos», deslizó Semenzín. La noticia, precisamente, la dieron el día después del acto de proclamación y entrega de certificados a las autoridades municipales electas, encabezadas por la electa intendenta Gabriela Nicolino, que derrotó en las urnas a la actual intendenta del radicalismo y querellante contra Semenzín-Olcelli, María Cristina Barbisán.
Desde el comienzo
Todo se inició al final de 16 años de mandato (cuatro períodos consecutivos), en 2007, cuando al imponerse en los comicios, la actual intendenta acusó a los exfuncionarios playosenses de “peculado” y “administración fraudulenta agravada”, presentando en mayo de 2008 la denuncia.
La causa fue instruida por el fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Gustavo Atienza, quien solicitó el sobreseimiento del exmandatario municipal y su exsecretario, acusados por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de la Municipalidad de la localidad de La Playosa.
La denuncia formulada por la actual jefa comunal en la Justicia pidió que se investigara el excesivo costo del cerramiento del Parque Industrial, llevado a cabo sin previo llamado a licitación, y por el cobro supuestamente irregular del aguinaldo y las vacaciones por parte de ambos exfuncionarios.
A fines de aquel año, el fiscal Atienza imputó a Semenzín (actualmente de 73 años) y a Olcelli (52) como presuntos coautores del delito de “peculado”, mientras que al exintendente también le atribuyó la supuesta autoría de “administración fraudulenta agravada”.
Sin embargo, al cabo de dos años de investigación judicial, el propio instructor de la causa solicitó el sobreseimiento de ambos imputados “por mediar causal de inculpabilidad” en relación al hecho de “peculado”, y por entender que el accionar de Semenzín, respecto de la presunta defraudación, “no encuadra en una figura penal”.
Para fundamentar su requerimiento, el fiscal Atienza se basó en el artículo 350 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba (CPP).
Apelaron
La causa fue remitida a la jueza de Control de los Tribunales de Villa María, Edith Lezama, quien confirmó el sobreseimiento, por lo que la querella presentó la apelación ante la Cámara de Acusación de Río Tercero. Esta instancia también se resolvió de manera favorable para los acusados hasta que la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ), que ratificó los resuelto: sobreseer a Semenzín y Olcelli.
A pesar que esta instancia «se resolvió en 2012, no quisimos que sea utilizada con fines políticos», marcaron ayer los señalados exfuncionarios.
Semenzín sostuvo que «familiares y amigos estaban muy preocupados por esta situación, a pesar de que nosotros siempre confiamos en haber hecho todo bien y siempre a favor del pueblo. Pero todo estaba muy mal y generó un clima difícil. A pesar de la preocupación, la familia y los amigos fueron el soporte de este momento».
«Ahora estamos tranquilos, no estamos disfrutando de esto. Estuvimos 16 años trabajando por el bien de la gente. La intendenta tendrá que explicar ahora de dónde salió el dinero (para llevar adelante esta acusación). Nosotros tuvimos que explicar, ahora le toca a ella», remarcó el exintendente, sobre los honorarios del asesor cordobés que contrató la querella, Alejandro Pérez Moreno.
Confrontación
Olcelli, por su parte, indicó: «Siempre dijimos que se trataba de una acusación política, que no había nada de cierto en esta denuncia. Esto llevó a que la Municipalidad sufriera un perjuicio económico que no podemos seguir haciendo porque es dinero de la gente, del pueblo».
«Queremos ver cómo la intendenta (Barbisán) resuelve cómo se llevó adelante este proceso», desafió.
Ambos lamentaron la situación porque «se generó una confrontación política a partir de las candidaturas, cuando Semenzín lanzó su candidatura para un quinto mandato (2007). Durante la gestión, Barbisán estaba al frente de una institución educativa. Después todo pasó a ser una cuestión política».
De todas maneras «el 5 de julio la gente reconoció el trabajo de uno y de otro. La gente fue tomando conciencia», dijo sobre los comicios municipales donde la candidata del justicialismo, Nicolino, se impuso sobre Barbisán (UCR).
«Somos parte de este equipo y se disfruta volver a la Municipalidad con proyectos, ideas y ganas de trabajar para el pueblo. No nos llevamos ni nos quedamos con nada», sentenciaron, al mismo tiempo que Olcelli confió que integrará el Departamento Ejecutivo Municipal que dirigirá Nicolino.
«Hay un grupo de gente nueva y estaremos aportando experiencia», expresó.
Conclusiones
La Municipalidad de La Playosa se constituyó en la causa como querellante particular, con el patrocinio del abogado cordobés Alejandro Pérez Moreno, mientras que Semenzín y Olcelli fueron asistidos legalmente desde el comienzo de las actuaciones por los letrados villamarienses Walter y Rodrigo Hayas (padre e hijo).
Cada uno de los pasos fue adelantado por el abogado Hayas (h) en una nota publicada en nuestra edición del 18 de noviembre de 2010. Ayer, con el resultado final del caso, definió que «todo fue una farsa».
