La funcionaria dijo que por esa vía se evitan costos emocionales y económicos a los actores además de evitar que se rompa el vínculo. “Cuando se judicializan los casos no hay marcha atrás”, graficó
La nueva auditora General de Villa María, Alicia Peressutti, anticipó ayer que gestionará el marco legal para que la sede local sea mediadora comunitaria ante casos de violencia entre vecinos.
Peressutti dialogó ayer con EL DIARIO en el marco de un convenio firmado entre la Fiscalía General provincial y la Defensoría del Pueblo de la provincia para generar alternativas de atención y brindar asistencia a personas propensas al consumo de estupefacientes que surjan en el contexto de investigaciones penales del fuero de lucha contra el narcotráfico. Peressutti acompañó la firma del acuerdo entre el fiscal General Alejandro Moyano y el defensor provincial Mario Decara acordando ahí la futura firma de convenios de trabajo conjunto.
En ese sentido, dijo que en vista de la demanda existente en la Auditoría local, la idea es darle competencia de Defensoría Regional y centrada en la mediación comunitaria de temas como violencia.“Lo tenemos que armar con la Defensoría de la Provincia. Queremos que la violencia no se judicialice y que el vecino tenga otras posibilidades, porque cuando se judicializan los conflictos es muy difícil volver atrás, provocando la ruptura del vínculo y costos emocionales, económicos, psicológicos”, argumentó la funcionaria.
Cuando se le planteó si esta idea de regionalizar no choca con el rol del delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia en el Departamento San Martín (que también funciona en la sede de calle Chile), dijo que la intención es integrar, ampliar funciones y darle un marco normativo a la cuestión.
También contó que se mantiene una relación “estrecha” con la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires “porque cuenta con gente especializada en cada tema”.
Peressutti resaltó la demanda ciudadana que vio en pocos días, por todo tipo de circunstancias. Reclamos de defensa al consumidor, relacionados a vecindad (problemas de locación o por otros asuntos), infracciones de tránsito producidas en otras jurisdicciones y que la gente dice no haber cometido, quejas hacia obras sociales, cuestiones vinculadas a la cuota alimentaria y hasta casos de violencia.
Por ejemplo, citó que internos del Establecimiento Penitenciario Número 5 de barrio Belgrano le pidieron su intervención para que puedan ver televisión por cable con normalidad, ya que la señal viene teniendo defectos técnicos. En esto, contó que al reunirse con el director de la cárcel le comentaron que el tema ya estaba solucionándose.
“Esta sede ha ido ampliando sus funciones y ha tomado todos los rasgos de defensoría, tal como ha quedado en evidencia con Luis Rey (su antecesor en el cargo). Nosotros hemos salido a acompañar a la gente y vamos a ir a los barrios. Y tendremos guardia los fines de semana con un teléfono corporativo”, enunció.
Importante: el horario de atención en la sede de calle Chile casi San Juan es de 7.30 a 16, de lunes a viernes.
