Naselli declaró en la causa CBI por la declaración jurada de Accastello

José Naselli, extribuno de Cuentas de la oposición, declaró en la causa

Citado por la Justicia Federal, el extribuno de Cuentas dijo que había recibido la información de que las declaraciones juradas de Eduardo Accastello habían desaparecido de la Auditoría General. El fiscal que investigó, Enrique Senestrari, habló sobre el tema con EL DIARIO

José Naselli, extribuno de Cuentas de la oposición, declaró en la causa
José Naselli, extribuno de Cuentas de la oposición, declaró en la causa

Según la ordenanza de Etica Pública, las declaraciones juradas de todos los funcionarios municipales de Villa María deben presentarse en sobre cerrado y lacrado en el Concejo Deliberante, quedando una copia en el Legislativo local y otra en la Auditoría General.

Después de que se conoció que el exintendente Eduardo Accastello era cotitular de 290 mil dólares guardados en una caja de CBI, la malograda financiera, el extribuno de Cuentas, José Naselli, recibió la información de que las copias guardadas en la Auditoría habían “desaparecido”.

Al conocer esa situación, el fiscal que investiga la causa CBI, vía exhorto, citó a Naselli para que declarara sobre el tema ante la fiscal federal de Villa María.

En su declaración, Naselli dijo que como ciudadano común no tiene acceso para verificar si esas declaraciones juradas estaban o no, pero confirmó que había recibido la información de que al menos, durante el mes de marzo, poco después de conocerse la cuenta de Accastello en CBI, esos documentos habían desaparecido.

Agregó que le parecía indispensable corroborar en las declaraciones juradas si ese dinero estaba declarado.

Enrique Senestrari, el fiscal federal al que no le  convenció el argumento de la herencia
Enrique Senestrari, el fiscal federal al que no le
convenció el argumento de la herencia

El tiempo pasó y el testimonio de Naselli fue al despacho del fiscal Senestrari, quien en los últimos días elevó un pedido al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, porque a su entender “no existe delito federal” en la caja que “compartían” el exintendente de Villa María y el exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú.

“No recuerdo si pedí o no la declaración jurada de Accastello”, dijo Senestrari a EL DIARIO, explicando que como ya giró ese expediente no lo tiene a su cargo.

“Lo que le puedo decir sobre la cuenta de Boldú y Accastello es que no me convencieron con los documentos de poca fiabilidad que hablan de que esos fondos son provenientes de una herencia del exintendente de Laguna Larga. No me satisfizo esa explicación y seguí investigando, pero no hubo nada que indicara que estamos en presencia de un delito de competencia federal”, agregó Senestrari.

Será ahora el juez Vaca Narvaja el que determine si gira el expediente derivado de la causa madre de CBI a la Justicia provincial para que investigue si hubo enriquecimiento ilícito de los dos exintendentes.

“Hasta ahora -por el viernes- no me comunicó el juez si tomó alguna decisión sobre ese expediente”, concluyó Senestrari.

Entre el dicho y el hecho
Al final, nunca se hizo pública

El 23 de febrero de este año, Eduardo Accastello dijo que para acallar las interpretaciones malintencionadas, ponía a disposición de las autoridades del Concejo Deliberante sus declaraciones juradas (DD.JJ.).

Hubo distintas interpretaciones de los ediles oficialistas y de la oposición sobre el tema, pero finalmente, los documentos en los que debería estar registrado en detalle la evolución patrimonial del exintendente desde que asumió su primer mandato hasta el último día de gobierno, no fueron abiertos.

Cabe señalar que la Ordenanza 4.940, titulada “Código de Etica Pública”, establece en principio que las DD.JJ. son secretas, pero fija las excepciones que determinan los casos en los que puede hacerse pública.

Estas son:

“a) A pedido de su firmante, mediante solicitud escrita, o de sus sucesores, para el caso de muerte o incapacidad.

  1. b) Por orden de juez competente.
  2. c) Por resolución del Concejo Deliberante, por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
  3. d) Por solicitud de cualquier interesado en los términos del art. 19 de la COM, que tuviera razón suficiente para creer que un funcionario ha incurrido en un delito en contra de la Administración Municipal o se haya enriquecido en forma ilícita en perjuicio del municipio, debiendo requerir orden judicial al respecto donde denuncie el interés en que se funda”.

Podría suponerse que el primer ítem, es decir, el que expresa que se pueden abrir “a pedido de su firmante”, habría permitido conocer las DD.JJ. de Accastello porque así lo expresó. Pero al final, nunca se hicieron públicas.

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