“Son siete años de impunidad y todavía no hay respuestas”

Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres estuvieron frente a Tribunales para acompañar a Ivana Chialvo en la audiencia que finalmente no se hizo

La Cámara Laboral dispuso posponer para noviembre la audiencia del juicio iniciado por Ivana Chialvo contra Rubén Quevedo y la Municipalidad. Entidades sociales cuestionaron la medida

Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres estuvieron frente a Tribunales para acompañar a Ivana Chialvo en la audiencia que finalmente no se hizo
Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres estuvieron frente a Tribunales para acompañar a Ivana Chialvo en la audiencia que finalmente no se hizo

Las organizaciones de defensa de los derechos de género asistieron el lunes último a Tribunales para acompañar a Ivana Chialvo, la extrabajadora de Tránsito que denunció acoso sexual y laboral y que, después de siete años, iba a poder confrontar en la Cámara del Trabajo a quienes acusó. Sin embargo, la audiencia se pospuso porque Rubén Quevedo, uno de los sindicados por Chialvo como acosador, se quedó sin abogado que lo defienda.

Nadia Brossard, de Juntas y a la Izquierda, dijo en una improvisada radio abierta que se realizó al frente de Tribunales que con esta medida se prolongan “los siete años de impunidad que viene sufriendo Ivana”.

Señaló que la van a seguir apoyando “porque está en juego la dignidad de todas” y denunció a las autoridades municipales de entonces (en 2009 se hizo la denuncia) porque “fueron cómplices”. “Frente a la denuncia, lo que hicieron fue dejar sin trabajo a la víctima y ascender al supuesto acosador”.

Según la acusación, los hechos se produjeron entre los años 2001 y 2009 en el área de Tránsito. Uno de los jefes era Rubén Quevedo, quien fue acusado de tratar de abusar sexualmente de Chialvo.

“Mi hija vivió un infierno. Primero, en silencio”, dijo Jorge Chialvo, padre de Ivana. “Esos años nosotros la veíamos mal y no sabíamos qué le pasaba. Ella engordó 50 kilos y tenía que tratarse permanentemente y hasta llegó a estar internada”, dijo el padre.

En 2009, cuando se animó a hacer la denuncia junto a otras trabajadoras del lugar que sufrían tratos similares, logró una jubilación temporal, la que ya expiró.

También estuvo en frente de Tribunales Nora Landart, integrante del Foro de la Mujer y sus Derechos: “Estamos conmovidas por la postergación a último momento de una audiencia, dado que se trata de un proceso que lleva tantos años de espera”.

Coincidió con Brossard en que la situación de violencia que vivió Chialvo fue posible “porque existió una estructura municipal que permitió que la trabajadora sufra todo lo que sufrió. Hubo un proceso de ocultamiento y de complicidad”, planteó.

Entre otras organizaciones estuvieron los dirigentes de UTEM. Incluso, Jesús Chirino, secretario general del gremio, estaba citado como testigo, dado que en 2009 la acompañó a realizar la denuncia.

Chirino remarcó que detrás de todo lo que vivieron las empleadas de Tránsito “está la precarización laboral” porque, según señaló Chialvo en la denuncia, la promesa de los jefes era que de acceder a la propuesta sexual, iban a hacer que les renovaran el contrato.

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