Se trata de Enri Ramón Zabala, un peón de albañil al que le secuestraron una escopeta de caño recortado. Fue declarado reincidente y deberá cumplir la pena íntegramente. En diciembre de 2009 recibió su primera sanción penal y en junio de 2011 la segunda

Un joven villamariense fue condenado ayer por tercera vez en poco más de siete años y, por tratarse de un reincidente, que además tiene pésima conducta en la cárcel, tendrá que cumplir de manera íntegra la sanción impuesta.

Enri Ramón Zabala (27), un peón albañil domiciliado en barrio San Martín de esta ciudad, confesó el hecho que se le atribuía y posibilitó que el juicio sustanciado en la Cámara del Crimen local se realizara bajo la modalidad de trámite abreviado.

Zabala estaba acusado de “tenencia de arma de guerra”, un delito que es castigado con prisión de dos a seis años. Sin embargo, en base a un acuerdo previo, tanto la Fiscalía como la Defensa coincidieron en pedir la condena finalmente impuesta por el juez René Gandarillas: dos años y ocho meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.

Esta última circunstancia le impedirá al trabajador de la construcción obtener el beneficio de la “libertad condicional” (que suele otorgarse a los convictos primarios cuando cumplen las dos terceras partes de la pena) y deberá purgar toda la sanción entre rejas.

El 13 de abril de 2016, durante un allanamiento realizado en su departamento de Azcuénaga 253, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín secuestraron una escopeta de caño recortado, con la numeración gastada pero totalmente operativa y, por ende, potencialmente peligrosa.

Los policías estaban siguiendo los pasos del sospechoso, quien había salido de la cárcel el 21 de diciembre de 2015, luego de completar íntegramente una pena unificada de cinco años y seis meses de prisión.

No se pudo determinar si la escopeta incautada fue utilizada en algún atraco, pero su sola tenencia está reprimida por la legislación vigente. Y más aún en el caso de Zabala, quien ya contaba con antecedentes penales por haber recibido dos condenas por diferentes delitos.

En efecto, el 11 de diciembre de 2009, el cabo de otro juicio abreviado, el por entonces muy joven albañil -tenía apenas 19 años- recibió su primera sanción: tres años de prisión por haber asaltado a un taxista, a punta de pistola, junto a quien era su pareja y a otro sujeto que nunca fue identificado.

La chica, un año mayor que él, la sacó barata: le impusieron la misma pena, pero en suspenso, y puso recuperar la libertad luego de seis meses (el hecho había ocurrido el 16 de junio de aquel año). En cambio, la condena para Zabala fue de cumplimiento efectivo porque, además del asalto, estaba acusado de otros hechos.

En definitiva, en aquel primer juicio fue declarado coautor de “robo calificado por uso de un arma de fuero cuya operatividad no se pudo acreditar”, ya que jamás fue encontrada. Asimismo, se lo condenó por “violación de domicilio”, “daño” (pateó un móvil policial y rompió uno de sus vidrios) y “disparo de arma de fuego” (durante una pelea vecinal registrada en 2008 en barrio San Nicolás).

Como era su primera condena, Zabala pudo obtener la “condicional” a mediados de febrero de 2010, pero volvió a las andanzas pocos meses después y regresó a la cárcel.

En los últimos días de junio de 2011 tuvo que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados para responder por hechos de “robo en grado de tentativa”, “violación de domicilio”, “daño”, “privación ilegítima de la libertad” y “lesiones leves”.

En un segundo juicio abreviado, Zabala recibió una sanción de cinco años de prisión efectiva, accesorias de ley y las costas del proceso, con declaración de reincidencia. Pero como estaba debiendo” parte de la condena de 2009, se unificaron ambas sentencias y se le impuso una pena única de cinco años y seis meses de prisión.

Al ser declarado reincidente, tuvo que cumplir toda la sanción y pudo salir recién el 21 de diciembre de 2015. Pero menos de cuatro meses después, lo detuvieron por tener la escopeta de caño recortado.

Finalmente, cabe señalar que además del juez Gandarillas, intervinieron en la audiencia de debate el fiscal Francisco Márquez, el abogado Daniel Volpe y la secretaria Gabriela Sanz.