Se llevó a cabo ayer una charla que incluyó temas tales como la trata de personas y el Código de Convivencia de la Provincia. Coincidencia en avanzar sobre los derechos “que nos faltan”
Unidos por el eje de los derechos humanos, se llevó a cabo ayer una charla sobre temas diversos como “violencia institucional, torturas, trata de personas y Código de Convivencia”. Para ello, desde la Municipalidad integraron un panel variado en el que estuvo Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación; Andrés Guzmán, diputado nacional; Zaida Gatti, funcionaria del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación y Lucas Bruno, referente de la campaña contra la Violencia Institucional en la provincia de Córdoba.
Gatti abrió el debate hablando sobre trata de personas, dado que es coordinadora del programa de rescate de víctimas.
“Hay un común denominador de las víctimas y que es la vulnerabilidad previa al proceso de captación, lo que las redes de trata conocen a la perfección cuando hacen lo que yo llamo un estudio de mercado”, dijo.
“Cuando hablo de situaciones de vulnerabilidad, aclaro que no siempre se trata de pobreza o falta de acceso al trabajo o al estudio. Hay muchas situaciones sociales que hacen vulnerable a una persona”, apuntó, dando ejemplo de una fotógrafa que había pasado años encerrada en un prostíbulo y que fue captada con promesas laborales vinculadas a su profesión.
Lamentó que la Justicia todavía no actúe “llegando al fondo de la red de trata, porque aún hoy, después de un allanamiento a un prostíbulo de esos que funcionan en departamentos que llaman privados, siguen imputado a las recepcionistas o a las que tienen más antigüedad en el lugar”.
Finalmente, dijo que en Argentina no “hay grandes redes de trata”, pero si que son grupos que mueven “millones” y a su criterio, es allí donde el Estado tiene que actuar, buscando las pistas económicas.
Violencia institucional
A su turno, Lucas Bruno, puso en tensión dos temas: la seguridad y los derechos humanos. Cuestionó a las políticas de seguridad que se basan en detener “a personas por su aspecto físico” y detalló el trabajo que vienen haciendo contra la violencia institucional.
“Formamos una red de abogados para defender a víctimas de abusos policiales, una red de familiares y una pata gremial porque la nueva forma de violencia institucional está dada con la criminalización de la protesta”, concluyó.
